El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.
El presidente de la subcomisión de aeropuertos en la Cámara de Diputados, Jesús González Schmal, dijo en rueda de prensa que el GAP ha incumplido las obligaciones contraídas en la concesión que le otorgó el Gobierno de México y ha perjudicado a empresarios mexicanos, por lo cual se respalda su revocación.
"He pedido que la Auditoría Superior de la Federación audite al GAP y que a su vez también se censure y se sancione el que esta empresa no está cumpliendo con los objetivos que se le establecieron en la concesión y que significaban inversiones de mucha cuantía para mejoramiento de las centrales aéreas", agregó González, quien habló en nombre de los integrantes de la comisión legislativa.
El pasado noviembre, Alejandro Vizcarra, arrendatario de un local comercial en el aeropuerto de la norteña ciudad de Tijuana, Baja California, interpuso un recurso administrativo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se rescinda la concesión otorgada al GAP por presuntas transgresiones legales, que según él avala con pruebas.
"Nosotros también hemos solicitado al Gobierno mexicano que se cancele esta concesión y le hemos dado los elementos suficientes para hacerlo (…), sin embargo la SCT ha estado renuente a ello y finalmente nos ofreció que iban a practicar una auditoría a estas empresas para ver si están cumpliendo con los términos", explicó el diputado.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados también ha pedido a la Secretraría (ministerio) de Comunicaciones que informe si la española Unión Fenosa concedió a la mexicana Holdimex un préstamo de 40 millones de dólares para facilitar su participación en la privatización de GAP.
El Gobierno inició en septiembre pasado una investigación a GAP, que es administrada por el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), el cual está constituido por las empresas españolas Unión Fenosa, Grupo Dragados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y la mexicana Holdinmex.
Los legisladores aseguran que la operación podría haberse efectuado tras la compra en 1999 del 15% del capital del GAP al Grupo Angeles, anterior socio mexicano de AMP.
AMP tiene 15% del capital de GAP, en tanto que el 85% restante continúa en poder del Estado mexicano.
GAP administra terminales aéreas en las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.