Quienes afirman que el mercado del aerotransporte no está sobreofertado y requiere más competencia, deben revisar los resultados financieros de quienes tienen a su cargo atender la demanda, en este caso las aerolíneas.
De acuerdo con los dichos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, las compañías de aerotransporte de Latinoamérica estarían perdiendo 1.4 billones de dólares en el 2023, citando altos costos, debilidad de las monedas locales, impuestos y precio del combustible como factores que han forzado un incremento en las tarifas, con el consiguiente impacto en la demanda, la cual debemos recordar reacciona drásticamente ante cualquier cambio en su capacidad percibida o real de compra.
Para compensar lo anterior, algunas aerolíneas, en particular aquellas para las que los ingresos complementarios son una componente importante de sus ganancias, han decidido seguir ofreciendo tarifas base lo más bajas posible, tanto que los servicios de autotransporte federal de pasajeros en rutas de mediano y largo alcance permanecen, como llevan años siéndolo, transformados en un lujo que no todos se pueden dar y por ende los usuarios terminan transportándose por una vía aérea en la que, ya sea en tierra o en el aire, las compañías proveedoras muchas veces con poca ética, buscan incrementar el ingreso que obtienen por cada pasajero que transportan.
Apenas el pasado 31 de octubre una nota publicada por el portal The Messenger da cuenta del impacto de las bajas tarifas en las utilidades de las operadoras, las cuales, afirma, verán menor crecimiento en el 2024.
En este contexto la entrada al mercado de nueva competencia, si bien por definición es algo que debería resultar benéfico para el consumidor, sin duda puede afectar severamente las finanzas no solamente de la o las nuevas oferentes, sino también de las actuales, y eso sí y solo sí se respetan principios de equidad entre las proveedoras, algo que no queda del todo claro es el caso en nuestro país.
¿Qué pasaría si alguna de ellas se beneficiase de beneficios adicionales, no siempre dentro de las mejores prácticas de la libre competencia, dada la naturaleza de sus propietarios que bien podrían ser agentes económicos y políticos tan poderosos como el Estado mexicano mismo? Para comenzar, en el mundo ideal y legal, por cierto, cada día más distante en México, la Comisión Federal de Competencia Económica, ya sea motu proprio o a petición de parte, debería iniciar una investigación independiente que determine o no la existencia de tales desequilibrios. De la misma manera, la autoridad aeronáutica debería ejercer cualquier grado de autonomía que le quede para conminar a la concesionaria y en su caso sancionarla por no “jugar parejo”. Soñemos…
Por eso me preocupa el potencial inicio de operaciones de la aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional en competencia por lo pronto con Aeroméxico, Magnicharters, Viva Aerobus y Volaris, y que en una de esas, podría estarse beneficiando indebidamente de concesiones, tarifas, favores y prestaciones en aire y tierra, fuera del alcance de su competencia nacional y extranjera y por ende en su detrimento, algo que bien podría llevar a alguna de las primeras a la bancarrota o a alguna de las segundas a presentar un reclamo de carácter diplomático o comercial, como en este contexto me preocupa la opacidad con la que la información relacionada con la nueva operadora aérea está siendo manejada por parte del Ejecutivo federal. “El que nada debe, nada teme”, ¿no es así?
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