A partir de la Medición de la Economía Informal (MEI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se identifica que en 2022 (el indicador más reciente) se obtuvo que la informalidad aportó ya el 24.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto desde 2003.
En el autotransporte de carga por la naturaleza misma del sector, que se define como una actividad sobrerregulada, es una motivación para que los participantes busquen salidas a la formalidad, como sucede con la emisión del Complemento Carga Porte (CCP), una exigencia que para las microempresas resulta difícil y costosa de implementar, lo que en ocasiones desmotiva al no tener una facilitación en el cumplimiento.
“Cuando a un pequeño transportista le establecen una carga administrativa tan alta sí le complica las cosas, porque esto tiene un costo adicional que resulta gravoso, lo que en ocasiones lleva a la informalidad y los empuja a trabajar con los clientes que no les exigen comprobantes y pagan en efectivo”, detalla José Luis Gallegos, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) detalla en su publicación “La informalidad empresarial del autotransporte de carga en México”, que la informalidad constituye un círculo vicioso que se conforma de bajas tarifas del servicio y nulo pago de impuestos, lo que provoca que los ingresos de dichas compañías sean bajos, esto impide disponer de los recursos suficientes para cubrir los derechos laborales de los operadores, trabajadores y el pago de impuestos, lo que favorece el delito de evasión fiscal.
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