Juez concede suspensión definitiva contra modificación de facilidades administrativas

El pasado 31 de marzo entraron en vigor las modificaciones propuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondientes a la Resolución de Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes entre los que se encuentra el autotransporte, y que se refieren a modificar los puntos 2.2 y 2.12.

Los cambios topan la deducción del 8% contemplada en el punto 2.2, en 1 millón de pesos para el ejercicio, además de limitar el acreditamiento de estímulos fiscales establecidos en el numeral 2.12. 

“Se produce un impacto negativo a su patrimonio y a sus gastos operativos, toda vez que ya estaba realizada la planeación financiera 2021 con una reglamentación establecida. Se causa un perjuicio económico y una afectación al modelo de negocio previsto para el año en curso, además porque la norma reclamada contiene diversos vicios que se tildan de inconstitucionales, y por lo cual, hacen nugatoria la obligación de atenderlos”, precisó Marcelo Flores, socio de LBM México.

El punto 2.2. precisa lo siguiente: “Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, sin exceder de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio, sin documentación que reúna requisitos fiscales”.

De esta manera, podrán hacer deducible hasta el 8% de los ingresos sin exceder de un millón de pesos en el ejercicio, en la perspectiva de Marcelo Flores, el monto máximo autorizado es ridículo, ya que una empresa mediana podría agotarse dicha cantidad en solamente un mes, cuando el beneficio otorgado es para todo el año.

Ante este escenario, “se consideró que la norma reclamada es inconstitucional y, por ende, las reglas 2.2 y 2.12 son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 25, 27, 31 fracción IV, 49, 72, 73, 115, 133, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se vieron en la imperiosa necesidad de acudir al presente juicio constitucional”, se identifica en el comunicado de LBM México.

Con este antecedente, el pasado 22 de julio el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa resolvió conceder la suspensión definitiva a distintos clientes, para los siguientes efectos:

a. No se aplique en su perjuicio las reglas 2.2 y 2.12 de la resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y se les permita cumplir con sus obligaciones de facturación como lo venía haciendo hasta antes de la entrada en vigor de la norma impugnada; y

b. Se habiliten los mecanismos y apartados que les permitan continuar cumpliendo con las obligaciones fiscales conforme al modelo anterior.

“Con esta decisión del juez, la suspensión perdura hasta que se dicte la sentencia del juicio principal y derivado de que se podría tener una segunda instancia, el juicio puede ser tardado en resolverse por lo que podría prolongar los efectos de la suspensión. Por ello, estaremos dando seguimiento al proceso con nuestros clientes”, abundó Marcelo Flores.

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