En menos de dos años el robo al autotransporte en México pasó de ser un delito del fuero común a uno federal y se convirtió en motivo de prisión preventiva oficiosa. Pese a ello, el problema rebasó a las autoridades y la industria privada se defiende, ya no sólo para mitigar, sino para administrar la inseguridad en el transporte de carga.
“Hay una administración, porque no es que se esté resolviendo. Lo que se está haciendo es encontrar mecanismos a través del usuario y de los ciudadanos para atender el problema en el que nos encontramos en absoluta impunidad”, comenta Francisco Rivas, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, de enero a agosto de 2019, hubo siete mil 809 robos a transportistas, 11% menos que en el mismo periodo del año pasado, pero 63% más que en 2015; esto en el fuero común. Sin embargo, considerando ambos fueros, de enero a agosto de este año suman 11 mil 979 robos, mientras que en el mismo periodo de 2018 se registraron nueve mil 283, un 29% más.
Por ello, la industria privada ha creado soluciones para proteger a los operadores, las unidades y la carga. Algunas de estas son tecnología para el rastreo de unidades, blindaje de camiones, dispositivos para la detención autónoma de vehículos o sistemas contra inhibidores de señal también denominados jammers, entre otras.
Pero, ¿cuánto representa para los transportistas esta "administración" de la inseguridad?, ¿hasta dónde ha avanzado la tecnología contra este delito?, ¿el gobierno está creando soluciones para combatir el robo? Para continuar leyendo esta historia, que es parte de la edición impresa de noviembre de la revista T21, te invitamos a consultar la versión electrónica, sólo da clic aquí.
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