Combate a la corrupción con alto costo

El Examen Psicofísico Integral (EPI) es el conjunto de pruebas que acreditan la aptitud, desde el punto de vista médico, que debe cubrir el personal de transporte que opere, conduzca y/o auxilie los distintos modos de transporte público federal.

Los EPI pueden realizarse en las distintas sedes de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte (DGPMPT) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que hay en el país o en los diversos consultorios terceros autorizados por la misma dependencia.

Sin embargo, desde el inicio del nuevo gobierno federal se dijo que buscaría erradicar la corrupción, y en esta labor, los terceros autorizados están padeciendo suspensiones y revocaciones en sus permisos, ya que el objetivo es que nuevamente los EPI los realice solo la SCT.

"Esto es un retroceso pues en 2010 solo la SCT realizaba los EPI y como su infraestructura era insuficiente se apoyaron en terceros", recuerda Francisco Gómez Ortigoza, Director Técnico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.

En tanto, los terceros que se han acercado a Ricardo Neri Vela, titular de la DGPMPT, recibieron como respuesta que es un proceso de revisión de las autorizaciones, ya que al haber sido un programa implementado por otra administración, se debe tener certeza de que no se hayan brindado los permisos con actos corruptos y que solo se revocarían las licencias obtenidas así, no obstante aunque el funcionario fue buscado por GrupoT21, no hubo respuesta.

FRENANDO A FONDO...
Si los EPI los realiza solo la SCT, no solo médicos especializados pierden su trabajo, considerando que de 430 médicos autorizados solo quedan 130 operando, sino que también habrá afectaciones a la cadena de suministro de las industrias usuarias del transporte.

Esto considerando que en 2018 se realizaron 356 mil 793 exámenes, de los cuales 332 mil (93%) los realizaron los terceros, mientras que los 24 mil 793 restantes los realizó la DGPMPT.

Para 2019 se prevé una demanda de 400 mil, lo que genera incertidumbre en el sector, pues previo a que se establecieran los terceros autorizados, Mario Rasgado Chiñas, medico especialista en salud ocupacional y que estaba a cargo de un centro en Campeche, suspendido en mayo pasado, narra que "el gobierno tardaba hasta dos meses para brindar una cita para hacer los exámenes médicos, ahora parece que regresaremos a eso".

Si quieres conocer más acerca de este tema y las consecuencias logísticas que está generando, consulta la edición del 20 aniversario de la revista T21, sólo da clic en este link.

Comenta y síguenos en Twitter: @Irale1427 / @XanathLastiri