El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 390 votos, el dictamen que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de sancionar los delitos carreteros.

El Diputado Jonadab Martínez García (Movimiento Ciudadano) explicó que el dictamen pretende tipificar en el Código Penal Federal el robo del autotransporte de carga federal y se protege en todo momento a los empresarios, hombre-camión, conductores y mercancía que se transporta por todo el territorio nacional.

Expuso que el delito de robo a autotransporte aumentó en los últimos tres años 300%, lo cual ha generado una pérdida económica de más de 700 millones de pesos (mdp) de acuerdo con las cámaras nacionales de autotransporte. “Combatir este delito no solamente es una responsabilidad legislativa. Si después de esta aprobación el Ejecutivo no investiga, no sanciona y no castiga realmente a los delincuentes, esta reforma no dará el resultado contundente que hoy el gremio del autotransporte quiere reducir”.

El Presidente de la Cámara de Diputado, Jorge Carlos Ramírez Marín, resaltó la importancia de la aprobación de estas modificaciones, ya que son las más importantes aportaciones para la seguridad de la nación y brindan certeza jurídica a quienes invierten en el país.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece una pena de 6 a 12 años de prisión, a quien cometa robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, cuando el objeto del robo sean las mercancías.

También estipula una pena de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros; la pena de prisión se aumentará en un tercio cuando exista apoderamiento del remolque o semirremolque y sea utilizado para cometer otro ilícito.

A su vez, la sanción de prisión será aumentada en una mitad cuando, a sabiendas de sus funciones el servidor público cometa o participe en el robo y éste tenga o desempeñe funciones de prevención, investigación, persecución del delito o ejecución de penas; para este caso, se le inhabilitará por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Al fundamentar el dictamen, el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI) señaló que en los últimos años la industria de autotransporte se ha visto considerablemente afectada por el incremento de los robos cometido en contra de sus unidades y los pasajeros. “Sólo en 2017, el 45% de las empresas sufrió al menos un robo en sus unidades, lo que ha generado pérdidas de por los menos mil 75 millones de pesos de enero a septiembre de este año”, refirió el legislador.

Añadió que esta reforma busca proteger a los pasajeros y empresas de transporte, desarticulando a los grupos delictivos y contar con mayor información e instrumentos para una investigación más eficiente y evitar que se siga cometiendo este delito.

El legislador Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) refirió que a nivel nacional, el número de quejas presentadas ante agencias del Ministerio Público en 2017, por actos de robo en carreteras, asciende a tres mil 823. De ellos, los delitos cometidos con violencia suma tres mil 435, a camiones de carga dos mil 303, a vehículos particulares 280 y, en otras modalidades, 723.

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