Cofece identifica barreras de competencia para el transporte en Sinaloa

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que existe una regulación con efectos anticompetitivos para el transporte público de carga de los sectores agrícola y de construcción en Sinaloa.

La investigación de Cofece concluyó que la Ley de Tránsito y Transporte y su reglamento imponen barreras a la competencia, al impedir que empresas y productores puedan autoproveerse el servicio. Al tiempo, provocan conflictos de interés, al permitir que un Consejo Técnico –conformado por los mismos transportistas y autoridades– influya en el otorgamiento de concesiones y en la fijación de tarifas. Por ejemplo, el titular de la Dirección de Vialidad es a su vez regulador y permisionario.

Además de lo anterior, Cofece identificó que se la forma en que operan, otorga facultades discrecionales a la autoridad, que restringe la entrada y la expansión de competidores e interfiere en la libre determinación de las tarifas del servicio.

En opinión de Cofece esta forma de operar genera una baja calidad en la prestación del servicio con una flota de transporte obsoleta y cara. La antigüedad promedio de la flota para el transporte agrícola es de 35 años (18 años más que el promedio nacional) y de 27 años para la construcción (10 años más que el promedio nacional).

En cuanto al costo de operación con unidades viejas, se estima un incremento en 40% en gastos de mantenimiento, mientras que el consumo de combustibles suele ascender en 12%, además de menor disponibilidad de la flota por los tiempos de reparación.

Otros efectos identificados es, “concentración excesiva de permisos en unos cuantos transportistas. En lo particular, de los 18 municipios de la entidad, siete presentan alta concentración para transporte del sector agrícola, donde un solo concesionario controla más de 50 por ciento. En 13 de los municipios se replica la misma concentración de permisos de transporte de construcción en un solo transportista”.

Cofece refiere que también hay distorsión de precios por la regulación del precio del transporte de carga.

Todo lo anterior genera incertidumbre para participar e invertir, por la lentitud de los trámites: 60% de las solicitudes para nuevas concesiones se encuentran pendientes de resolver y 40% de éstas llevan más de 10 años esperando una resolución.

En este escenario, se identifica una baja productividad de la economía local, porque los transportistas y usuarios del servicio asumen mayores costos de operación al tener limitado el uso de su capacidad. En lo particular, los agricultores y constructores manifiestan que gastan hasta 40% más por el servicio, al no poder autoproveerse.

Cofece enfatizó que podrá actuar, con base en sus atribuciones y procedimientos, con el propósito de promover la eliminación de cualquier obstáculo regulatorio a nivel local que pueda afectar la libre concurrencia y competencia en detrimento del bienestar social.

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