Urge poner un alto a la evasión de peajes

La evasión de peajes se está convirtiendo en un problema de grandes proporciones para el Estado de derecho en México, con impactos presupuestarios y en términos de seguridad, y que lamentablemente va al alza. Al igual que la toma de casetas, esta conducta ilegal se abre paso en todo el país, a pesar de que en México existen leyes y reglas claras para quienes brindan el servicio público de operar vías de comunicación, como para quienes transitan en ellas. Es necesario revertir esta tendencia para dar cumplimiento a uno de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024: “aumentar el bienestar, conectividad y sobre todo la seguridad de usuarios de infraestructura carretera”.

Las autopistas en México juegan un papel fundamental en el desarrollo económico de las comunidades aledañas a dichas vialidades. Dejar de darles el adecuado mantenimiento o trabajar para lograr una mayor conectividad y seguridad, afecta a la competitividad del país. Por esta razón, es imprescindible hablar del problema actual que ya representa a nivel nacional la evasión de los peajes, así como el impacto que también podría llegar a tener en las operaciones de empresas y del usuario particular.

Actualmente, esta problemática se traduce en pérdidas millonarias para el Estado mexicano: solo en el último año, alrededor de 19 millones de vehículos dejaron de pagar su cuota. Este acto ilegal implica pérdidas de aproximadamente 1,500 millones de pesos. Esto representa menores niveles de recaudación de impuestos y contraprestaciones para la Federación y las entidades; en un contexto de austeridad presupuestal público, no podemos darnos este lujo de que actividades ilegales como la evasión de peajes erosionen las capacidades del Estado mexicano para brindar bienestar a la sociedad.

De manera preocupante, se ha identificado que existen grupos autodenominados “de resistencia” que incentivan el no pago de peajes a través de tutoriales en redes sociales, argumentando el derecho al libre tránsito. Pero esta es una discusión falsa y hasta tramposa, ya que el derecho de peaje está perfectamente regulado en la legislación mexicana. Sin embargo, diariamente, automovilistas y motociclistas privados, transportistas públicos, camiones de carga y pasajeros, transgreden la ley, poniendo además su seguridad y la de los demás en riesgo, ya que, en caso de un siniestro, no podría ser efectivo el seguro por accidentes y responsabilidad civil que cada operador de la infraestructura vial (público o privado) tiene la obligación de proveer para quienes pagan y circulan por su autopista.

En la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) creemos que la colaboración con las autoridades, el uso de la tecnología y la adecuación de los marcos regulatorios son las medidas clave para para resolver el fondo del problema. Es importante señalar que el entendimiento con las autoridades federales y estatales es sobresaliente y que, al igual que en la atención al fenómeno de la “toma de casetas”, será el pilar sobre el cual lograremos desterrar esta ilegalidad.

Erradicar la evasión de peajes y sus consecuencias requiere de la cooperación de todos los sectores, público y privado. Necesitamos promover una cultura de respeto al Estado de derecho y que los usuarios de las autopistas valoren, día con día, sus beneficios.

Urge poner un alto a las personas que con dolo deciden no pagar su cuota de peaje. Si no somos capaces de erradicar esta conducta, mañana nuestras carreteras estarán en manos de la delincuencia y, por lo tanto, la seguridad de las personas y competitividad del país se verán totalmente comprometidas.

Marco Frías es el actual director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV). Es licenciado en Administración Pública por la UNAM, y en Ciencias Políticas por el ITAM. Ha laborado como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Infraestructura y subdirector general de Infraestructura Fronteriza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Así mismo como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en temas energéticos y ambientales y analista de Política Energética Mexicana en GE Energy.

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