La industria y la seguridad vial

Muchos hemos cuestionado y argumentado sobre lo que no pasó durante el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020, que en México se materializó en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2020 publicada el 6 de junio de 2011, ya que nuestro país quedó muy lejos de lograr que la cantidad de personas que fallecen por causa de un hecho vial se redujera a la mitad en ese periodo. Ciertamente hubo programas, se intentaron acciones y muchas personas se esforzaron porque ese objetivo se pudiera cumplir, mas todos fueron esfuerzos pírricos.

Hasta el 30 de junio de este año, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en ninguna de sus leyes que de ella derivan se mencionaban las palabras “seguridad vial”, por tanto, las atribuciones y responsabilidades sobre ese tema han estado dispersas entre los tres órdenes de gobierno y entre las diferentes dependencias del gobierno federal, cuando están, y en muchos casos esas responsabilidades no existen.

A partir del 1 de julio, la expresión “seguridad vial” existe como objetivo legítimo de interés público en la Ley de Infraestructura de la Calidad, lo que permite a las autoridades normalizadoras, en su ámbito de competencia, la emisión de normas oficiales mexicanas que la atiendan. Ya no será posible cuestionar a la autoridad sobre la emisión de una regulación cuando sea la mejora de la seguridad vial el objetivo, o uno de los que persiga la regulación.

No obstante, este avance, aún queda no atendida la necesidad de dejar claro en las diferentes leyes las atribuciones sobre el tema entre los diferentes órdenes de gobierno y las dependencias federales.

Hoy (al votarse por el Congreso de Querétaro) se obtuvo la aprobación por parte de la mitad más uno de los congresos estatales del cambio constitucional que eleva a rango constitucional el derecho de los mexicanos a una “Movilidad con Seguridad Vial…”, además de que se faculta al Congreso Federal a emitir leyes en materia de Movilidad y de Seguridad Vial. El cambio también obliga al congreso a emitir en un tiempo determinado la Ley General en sobre Movilidad y sobre Seguridad Vial.

De no existir el tema en el marco legal mexicano hace menos de 6 meses, ahora el tema está plasmado en la Constitución. Cuando exista la mencionada Ley General, las atribuciones que sobre el tema tendrán las autoridades de los tres órdenes de gobierno quedará clara. Con atribuciones y responsabilidades claras, las autoridades se verán obligadas a emitir las regulaciones que durante muchos años han estado dormidas, y que sólo han llegado a existir por presiones de la industria o de las organizaciones de la sociedad civil.

Al día de hoy sabemos que las iniciativas de Ley General que sobre el tema de seguridad vial han transitado a las Comisiones dictaminadoras están orientadas a cubrir lo que se ha dado en llamar “los Cinco Pilares de la Seguridad Vial” (Gestión de la Seguridad Vial, Vías de Tránsito más Seguras, Vehículos más Seguros, Usuarios de las Vías de Tránsito más Seguros y Atención Prehospitalaria).

Si revisáramos cuál es la situación regulatoria de nuestro país respecto de los países más adelantados en cada uno de los cinco pilares veríamos que en general estamos con atrasos significativos. De igual forma si nos midiéramos comparativamente respecto de los países con mejor seguridad vial en cuanto a la concientización y conocimiento del tema por parte de la población en general también encontraríamos que falta mucho por hacer.

Hablando de industria, observo que estos cambios van a tener incidencia directa en al menos dos sectores industriales que claramente identifico: el que tiene que ver con las vías de tránsito terrestre (calles, carreteras, puentes, autopistas, etc) y la industria automotriz.

Ambos sectores podrán tener una actitud reactiva, acusando a la “condición país” de que los adelantos en materia de seguridad vial que ya existe en su industria no es posible implementarlos en México, o podrán tener una actitud proactiva mostrando el camino de cómo sí es posible avanzar rápidamente en cada uno de sus sectores para contribuir a que los objetivos de reducción de fatalidades se logren anticipadamente.

No dejo de lado la posibilidad de que ante la austeridad que ha mostrado esta administración federal, se limite la cantidad de recursos para la atención del tema de seguridad vial, sin embargo, confío en que los movimientos que se han dado para lograr tan importantes cambios legales mantengan sus liderazgos y energía, para que la infraestructura legal sea lo suficientemente robusta para que se den los cambios operacionales, que propicien lograr niveles de seguridad vial equiparables de los de los países y regiones líderes en este tema, con los consecuentes beneficios para la ciudadanía.

Los sectores industriales mencionados tienen la tecnología para ser los líderes de este cambio y adelantarse a las regulaciones que seguramente vendrán, marcando el paso en los temas que les atañe. Si no actúan en esa línea veo un panorama que puede ser muy tenso y con consecuencias no agradables, que ciertamente algunas empresas aprovecharán para salir adelante a costa de las que, como industria, querrán permanecer en el status quo.

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