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¿Y el Estado de Derecho?

29 Ene, 2019 By Fernando Ramos 0 Comentarios

Amanecí el año hablando del cierre del nuevo aeropuerto y las razones por las que, desde mi punto de vista, era un despropósito cancelar el proyecto.

Invité a una cruzada para evitar la cancelación del proyecto, sin embargo, todo parece indicar que el gobierno de López Obrador va en serio con construir un aeropuerto en Santa Lucía. Parece que ya nada podemos hacer.

Por otro lado, nunca hubiéramos pensado que, una vez iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la denominada Cuarta Transformación enfrentaría dos graves problemas, y una desgracia que ha ocasionado la muerte de más de cien personas.

El primero, el combate al huachicol que ha afectado directamente a los ciudadanos y que, a pesar de ello, ha tenido un amplio respaldo de la población; y el segundo, el bloqueo a las vías del ferrocarril en Michoacán en el que cientos de industrias y empresas están siendo afectadas desde el pasado 13 de enero. Y la desgracia, la explosión del gasoducto en Tlalhuelilpan, Hidalgo.

Aunque son dos temas muy diferentes, curiosamente tienen algún punto en común.

En el momento en que se cierran los ductos, el flujo del combustible disminuyó drásticamente, el único medio disponible han sido las pipas, con las limitaciones propias de este medio.

En el caso del ferrocarril, un tren jalado por tres a cinco locomotoras, tiene capacidad para transportar hasta 100 furgones, tolvas, carros tanque, que en total podrían desplazar hasta 10 mil toneladas de productos.

Ahora algunos de ellos están siendo transportados por trailer, que máximo puede cargar 70 toneladas, y en el caso de contenedores, máximo dos, en el sistema de los “fulles” que tan criticado ha estado.

Hablando de contenedores, un tren unitario puede desplazar hasta 240 contenedores al mismo tiempo, lo que equivale a 120 “fulles”, aquí la similitud con el transporte de combustible.

Como del huachicol y el desabasto de combustible generado, se ha hablado ad náuseam, en este espacio quiero referirme al segundo (al bloqueo de los trenes), que al domingo 27 de enero, había generado pérdidas por más de mil millones de pesos al día.

129 trenes detenidos, 90 mil toneladas de producto varado y ocho mil 500 contenedores, más los que se encuentren pendientes de salir de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Ayer el puerto de Lázaro Cárdenas se encontraba saturado y las terminales de contenedores reportaban que ya no podían recibir más carga.

El bloqueo de los trenes en Michoacán se debe a una demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosísima CNTE, que inició exigiendo el pago de una quincena de salario, equivalente a doscientos millones de pesos, y la última demanda del sábado 26, era el pago de más de cinco mil millones de pesos.

Según entiendo, en Michoacán hay cerca de 10 mil maestros, si se les puede llamar así, de la CNTE, lo que equivaldría a 500 mil pesos por maestro, igual a más de dos años de trabajo. Eso, en castellano, se llama “extorsión”. Los líderes de la CNTE y sus maestros cada día elevan más sus exigencias, y ya llevan quince días de bloqueo.

El nuevo gobierno, está enfrentando a viejos problemas que debe y tiene que solucionar. La respuesta no siempre puede ser el diálogo, ya que, si todos los sectores de este país recurrieran a las mismas tácticas que la CNTE, hoy el país estaría enteramente “bloqueado”.

Todos tenemos alguna demanda no satisfecha. Evidentemente esa no es la vía de solución. Los señores que bloquean una vía de tren, están cometiendo un delito. Se equivoca la Secretaria de Gobernación al decir que la respuesta siempre será el dialogo, y luego más diálogo; que no habrá represión.

Yo no quiero que se reprima a nadie, simplemente exijo vivir en un país que viva un verdadero Estado de Derecho, y eso, en el caso del bloqueo de los trenes, se reduce a quitar si es necesario por la fuerza a los manifestantes.

Desde el horroroso 2 de octubre de 1968, la autoridad en México no ejerce el uso legítimo de la fuerza por temor a ser etiquetada de “represora”; y lo único que eso ha ocasionado es una enorme IMPUNIDAD, así con mayúsculas.

Todo mundo hace lo que le da la gana y nadie sufre las consecuencias. Bueno, casi nadie, ya vimos la desgracia que cayó en Tlalhuelilpan, en el caso del ducto saboteado.

La impunidad, ha causado la muerte de más de cien personas, más del doble que en Ayotzinapa, - otro monumento a la impunidad-.

El Presidente López Obrador, tiene que asumir los costos de gobernar en un país en donde el cumplimiento de la ley y la cultura de la legalidad no son, por decirlo de alguna manera, nuestros fuertes. No hay de otra, o exigimos el cumplimiento de la ley o nos vamos al cumplimiento de la ley, pero de la selva.

Me parece que el Presidente tiene mucha razón en sus reclamos de reducir la pobreza y la desigualdad, pero se debe convencer de que no es cerrando proyectos ni con estrategias poco claras como la del desabasto de combustible, -por cierto, qué bueno que tanto Ferromex como KCSM, van a apoyar el transporte masivo de combustible- ni permitiendo el bloqueo de trenes, ni regalando dinero a diestra y siniestra, como se va a lograr.

Se hace necesario el concurso de la iniciativa privada en esta titánica labor. En los mismos términos coloquiales que usa el presidente para transmitir sus ideas, los empresarios “buenos”, así como el pueblo “bueno”, con un “buen gobierno”, nos debemos unir para sacar al país del atolladero en el que se encuentra.

Pero insisto, siempre, con la ley en la mano.

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Fernando Ramos

Es socio fundador de RADAR Customs & Logistics, actual Presidente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport), Fundador y Expresidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) y Expresidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).

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