Los cambios graduales de las Revisiones Electrónicas

Por:
Octavio de la Torre

Lo que durante unos años fueron constantes insinuaciones de la autoridad fiscal, el día de hoy las Revisiones Electrónicas se encuentran como un proceso de fiscalización en vías de asentarse en la cotidianidad pues basta con retomar los números que las propias autoridades han compartido en distintos medios de comunicación, para comprender el avance de esta facultad de comprobación.

Señalan las autoridades fiscales durante la puesta en funcionamiento de las Revisiones Electrónicas, se habían registraron alrededor de 228 procedimientos iniciados hasta finales del 2016, de los cuales 17 se habían concluido de manera casi inmediata con una recaudación por autocorrección en cantidad de 40 millones de pesos (mdp), lo cual promedia un monto de dos millones 352 mil 941.17 pesos, por contribuyente.

En relación a lo anterior, es importante recalcar que estos datos reveladores corresponden al procedimiento de Revisiones Electrónicas con base en lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, previo a la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2017.

Ahora bien, ¿qué ha cambiado durante este periodo inicial de aplicación?
Previo a identificar los principales cambios que ha sufrido el procedimiento de Revisiones Electrónicas, resulta necesario recordar cómo fue presentado ante los contribuyentes el procedimiento y cuál era su principal objetivo de este método de auditar.

Como es de conocimiento general, con las reformas del Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el 01 de enero de 2014, se introdujeron diversos instrumentos electrónicos que fungían como un gran plano de fiscalización a través de medios electrónicos, como lo son el Buzón Tributario, la Contabilidad Electrónica, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y las Notificaciones Electrónicas, aunadas a las Revisiones Electrónicas.

Una vez definidas las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ejercerían las facultades de comprobación a través de medios exclusivamente electrónicos, y reformado el Reglamento Interior del SAT con la publicación del 24 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, iniciando su vigencia hasta el 22 de noviembre de 2015, las autoridades se encontraban listas para dar inicio a una nueva era en materia de recaudación.

En un inicio se previó que las Revisiones Electrónicas tuvieran como objetivo principal, el llevar a cabo la revisión de datos e información de los contribuyentes, que se encontraran desde un inicio en poder de la propia autoridad, esto es, sin la necesidad de la intromisión en los domicilios de los particulares, como sucede en las auditorías que conocemos comúnmente como visitas domiciliarias; asimismo, la celeridad en el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridad fiscales, estimando una duración del procedimiento cerca de seis meses, incluyéndose la emisión y notificación de las resoluciones que recayeran a estas auditorías.

Aunado a ello, el procedimiento previsto concentrado en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, establecía plazos muy breves para los contribuyentes, pero así también preveía que las actuaciones de las autoridades fiscales se mantuvieran dentro de un plazo igualmente corto, es decir, condicionando al análisis de la información proporcionada por los contribuyentes que estuvieran siendo sujetos a este tipo de facultades de comprobación, en algo poco menos que inmediato.

Es en este punto que las Revisiones Electrónicas han experimentado un cambio radical, con un enfoque más que evidente que el de generar mayor recaudación para el Estado al ampliar el plazo para concluir el referido procedimiento en un máximo de dos años para su conclusión, y sin la limitación a las autoridades que se preveía anterior a la reforma, es decir, dentro del término de 10 días posteriores a la presentación de la información por parte de los contribuyentes auditados, debían llevar a cabo el análisis de dicha información, y así determinar si procedían a llevar a cabo un segundo requerimiento o bien, una solicitud de información a un tercero.

Esta libertad a favor de las autoridades para requerir a los contribuyentes o solicitar información a terceros con la única salvedad de observar para concluir el procedimiento de dos años, permitirá a la autoridad fiscalizadora analizar con mayor precisión aquellos elementos que le permitan efectuar una fiscalización más asertiva al no restringírsele a una valoración prematura.

Este cambio representativo, puede resultar contradictorio al objetivo principal de las Revisiones Electrónicas y con ello perder parte de su esencia original, es decir, la celeridad de los procesos de fiscalización por parte de las autoridades que en un inicio se proponía su expedites.

Otros de los principales cambios en el procedimiento de Revisiones Electrónicas fue la decisión del legislador de retirar el carácter de definitivo a la Resolución Provisional, la cual, previo a la reforma del 30 de noviembre de 2016, establecía que en el supuesto de que los contribuyentes auditados, no atendieran los requerimientos formulados por las autoridades dentro de la Resolución Provisional, esta se volvería definitiva, dando pie a que las cantidades dadas a conocer en el Oficio de Preliquidación se harán efectivas mediante el proceso administrativo de ejecución.

Con esta modificación en el procedimiento, forzará a la autoridad a la emisión de una resolución que ponga fin al procedimiento de fiscalización, al igual que otros procedimientos de ejercicio de facultades de comprobación como las revisiones de gabinete o visitas domiciliarias.

Conocer los procedimientos de fiscalización actualizados, resultan de suma importancia para los contribuyentes, pues ello les permitirá conocer sus derechos y obligaciones, así como las condiciones bajo las cuales se encontrará obligada la autoridad a llevar a cabo su actuación, y a su vez, mantenerse siempre preparados para una eventual Revisión Electrónica

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