Como si fuera la tabla del dos en la suspensión del reconocimiento aduanero

Por:
Octavio de la Torre

La actuación de la autoridad aduanera ha propiciado la nulidad de un gran número de procedimientos administrativos, cuando de su impugnación corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Constantemente las autoridades aduaneras suspenden el reconocimiento aduanero, lo cual evidentemente violenta el contenido del artículo 43 de la Ley Aduanera, mismo que de manera categórica dicta que en caso de que la autoridad aduanera no detecte irregularidades en el reconocimiento aduanero entregará las mercancías de manera inmediata al despachante.

Lo anterior no debe de ser entendido como una concesión o beneficio para los contribuyentes, por el contrario, deriva del estricto cumplimiento del principio de inmediatez y del criterio jurisprudencial en el cual se decreta que el acta circunstanciada debe iniciarse y concluirse el mismo día que se detecte la irregularidad, es decir, la eficacia temporal de los actos administrativos está sujeta a una serie de situaciones que se deben de circunstanciar de manera sucesiva y por exclusión.

En este contexto, desde hace varios años mencionamos que parecía interesante, el esfuerzo realizado por las áreas normativas del poder ejecutivo, como parte del organismo fiscalizador, al pretender revertir o justificar legalmente la suspensión de reconocimiento aduanero en el artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera.

Al respecto, el ejecutivo establece que cuando se trate del ejercicio de facultades de comprobación consistente en reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte, la autoridad aduanera deberá levantar actas tanto parciales como final, cuando el acto de comprobación no se concluya en el mismo día que inició.

Sujetándose a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, sin que al respecto los actos de comprobación se puedan extender por un plazo de cinco días contado a partir de su inicio, salvo causas debidamente justificadas. De no cumplirse con los plazos señalados quedarán sin efectos las actuaciones de la Autoridad Aduanera”.

Contextualmente, el Reglamento pretende sustentar o justificar legalmente la suspensión de este tipo de ejercicios de facultades de comprobación.

Con independencia de la intención del Reglamento, podemos confirmar que vulnerará el principio de legalidad y en especial del principio de subordinación jerárquica, por lo que, el Reglamento (cómo si fuera la tabla del dos lo rezamos los abogados fiscalistas), no puede ir más allá de la ley, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla..

Sin duda, persiste la máxima: “Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite”.

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