Desde hace más o menos tres décadas los trabajadores de la aviación y los muy entusiastas seguidores del tema (me incluyo) hemos solicitado en todos los tonos y a todas las autoridades del subsector transporte aéreo, que se haga un ejercicio democrático para crear un grupo de trabajo con empresas, autoridades y trabajadores para acordar una política de Estado, de largo plazo y consensuada, que permita a nuestra aviación mexicana volver a ocupar el liderazgo que tuvo.

La aviación mexicana necesita una política de Estado desde hace muchas décadas. La discusión sobre un nuevo aeropuerto, la incertidumbre que se percibe en muchas aerolíneas y el fantasma de una nueva crisis, hacen indispensable que quienes llevarán las riendas del sector hagan un ejercicio de planeación y de conciliación de visiones e intereses para conformar una política pública y que esto se vea reflejado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que por ley cada gobierno debe publicar en los primeros meses de su administración.

En las últimas semanas fuimos testigos de cómo la presión mediática está modificando radicalmente la forma de llevar a cabo una investigación de accidentes aéreos apegada a los cánones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El día de mañana, si no se vuelve a posponer, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT informará de los avances en la investigación del accidente del 31 de julio en el aeropuerto de Durango, en el vuelo 2431 de Aeroméxico Connect.