Acuerdo en lo “oscurito” en perjuicio de México

El 30 de noviembre de 2017, en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz, se dio el fallo de la licitación para la construcción, uso, aprovechamiento, equipamiento, operación y explotación de una terminal mixta en la zona de ampliación del puerto, destinada a la operación y manejo de carga suelta, contenerizada y maniobras semi especializadas.

En el acto participaron Juan Ignacio Fernández Carbajal, entonces titular de la API, y Salvador Sánchez Garza, representante legal de Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM), filial de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), que resultó ganadora del concurso ante notario, al superar el valor mínimo de referencia de la API, ofertando una cuota inicial única o guante de 401 millones de pesos (mdp) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La supuesta inversión cercana a los 2,500 mdp por parte de IPM para desarrollar la terminal en el nuevo puerto de Veracruz fue la única de las 5 terminales contratadas que no se materializó, pues actualmente operan Hutchison Ports ICAVE (contenedores), IEnova (fluidos), Grupo Logra (granel mineral) y Grupo Gramosa (granel agrícola).

Luego de 3 años y medio desde la firma del contrato de Cesión Parcial de Derechos I-668-2017-G.J. de fecha 15 de diciembre de 2017, Pinfra informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en junio de 2021 que había llegado a un acuerdo con API Veracruz para terminar anticipadamente y de manera voluntaria dicho contrato, en virtud de que, por diversas causas y razones ajenas a la empresa, la entrega del área en la cual debía construirse la terminal no pudo llevarse a cabo.

Pero no sólo eso, sino que la terminación anticipada del contrato no genera responsabilidad para Pinfra y la faculta a obtener el reembolso de la cuota inicial que pagó a la API por la adjudicación del concurso original; además de permitirle participar nuevamente en la licitación que convoque la API para operar el mismo espacio en la ampliación del puerto.

NO DISPONIBLE

Grupo T21 solicitó vía transparencia a la API Veracruz la versión íntegra o incluso pública del documento oficial sobre el acuerdo al que llegó con Pinfra y los motivos específicos para la terminación del contrato, toda vez que especialistas con conocimiento del proceso, quienes prefieren reservar su identidad, indican que regresar el guante de 401 mdp es ilegal y además va en perjuicio de las arcas públicas, mientras la adjudicataria obtiene todos los beneficios.

Sin embargo, API Veracruz indica que “la información solicitada no puede ser proporcionada debido a que es documentación reservada por un periodo de 5 años derivado de la sanción como procedente la Reserva total del Convenio de Terminación del Contrato de Cesión Parcial de Derechos de la Superficie Federal Terrestre” celebrada con Pinfra.

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