Rechazan traspaso de puertos y marina mercante de SCT a Semar

La Cámara de Diputados organizó un diálogo denominado Parlamento Abierto con la finalidad de escuchar a los especialistas respecto del traspaso de funciones referentes a puertos y marina mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar), donde la mayoría de los participantes se pronunció en contra; aunque legisladores de Morena dieron por avalada la propuesta.

Este parlamento se dio a raíz de la Iniciativa que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, presentada recientemente por la diputada Juanita Guerra Mena (Morena) y elaborada, de acuerdo con la diputada opositora a la iniciativa, Martha Tagle (MC), por la misma Semar.

Este ejercicio fue liderado por la diputada Rocío Barrera (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara baja, quien dijo que el objetivo fue escuchar las opiniones expertas para enriquecer el dictamen correspondiente que, de hecho, ya está elaborado; aunque, según la legisladora, incluirá lo vertido en este parlamento.

El primer pronunciamiento en contra de la iniciativa vino por parte de Marcos Pablo Moloeznik, investigador titular en la Universidad de Guadalajara, al evidenciar su desacuerdo con que se encarguen a la Semar actividades administrativas ajenas a su naturaleza con la consecuente invasión a puertos con el otorgamiento de concesiones y otras labores; así como marina mercante y educación náutica, lo cual sólo contribuiría a debilitar a la SCT y a las funciones de la Semar que sí son de su atribución.

En un tono más enérgico, Erubiel Tirado, experto en Seguridad y Fuerzas Armadas de la Universidad Iberoamericana, manifestó su rechazo al considerar que el Parlamento Abierto sólo fue para legitimar decisiones ya tomadas por autoridades castrenses que se centran en naturalizar algo que en la práctica la Semar ya detenta como es el caso de la seguridad en puertos, pero, a su vez, “hacerse de un bono de 25 mil millones de pesos” de recursos en el ámbito marítimo, así como control estratégico también de comunicaciones por tierra y aire, lo cual recuerda dictaduras militares.

Denunció que desde 2018 existe una cadena de errores desde el Ejecutivo que constituyen un retroceso dados los vicios legales y la inconstitucionalidad de que la Semar obtenga el control de puertos y marina mercante, más ahora con una iniciativa de origen castrense que ostenta “silogismos legales engañosos” y que no alude razón suficiente para el traspaso de funciones, lo cual, dijo, aumentaría la discrecionalidad, opacidad y secrecía, abriendo paso a la corrupción y la impunidad en la dependencia.

Por su parte, Bárbara Stepien, ejecutiva de Investigación en el Tribunal Electoral de la CDMX y especialista en Derecho Internacional, mencionó que a nivel mundial no se tiene indicaciones claras sobre si la autoridad marítima nacional debe pertenecer al ámbito civil o militar, toda vez que la Organización Marítima Internacional (OMI) deja esta decisión a los Estados miembro, aunque desde las facultades o funciones de esa administración marítima se concluye que debe ser de carácter civil.

Esta administración marítima, abundó la especialista, tiene muchas tareas de acuerdo con los convenios de la OMI y, a su vez, responsabilidades hacia las embarcaciones que enarbolan su pabellón o ingresan a sus puertos, cuyas tareas principales consisten en el control del Estado por su pabellón, control del Estado sobre sus puertos, búsqueda y salvamento marítimo, prevención de la contaminación y servicios a la navegación.

En el contexto internacional, detalló Bárbara Stepien, los 10 países más grandes con registro de banderas, los de mayor importancia para armadores y dueños de barcos o empresas marítimas, sus administraciones marítimas pertenecen al sector civil y donde no existe ningún tipo de involucramiento militar. De hecho, de 150 países en el mundo con sistemas institucionalizados, sólo Argentina, Bolivia y Guatemala usan militares para aspectos civiles marítimos.

Asimismo, enlistó las posibles consecuencias respecto de que la Semar se encargue de las funciones hasta ahora civiles en el ámbito marítimo portuario, como es el caso del descontento de la industria marítima internacional y la posibilidad de que barcos extranjeros eviten puertos mexicanos; cambio de bandera de las embarcaciones mexicanos para evitar contactos con el ejército, problemas jerárquicos con la mezcla de rangos civiles y militares que devendrían en subordinación; necesidad de interacción entre civiles (empresas) y la administración castrense para obtener certificados de navegación o registrar yates privados y otorgar una de las ramas cruciales de la industria al ejército.

Incluso, Bárbara Stepien enfatizó en que, si la principal motivación de esta iniciativa es la lucha contra la corrupción, existen otros mecanismos para hacerlo que no constituirían disolver la administración marítima civil, como es el plan de auditorías de la OMI que ayudarían a la administración marítima civil a recibir una evaluación completa y objetiva para asegurarse de que cumple con sus preceptos; aunado a que, advirtió, con lo que sucede actualmente en México con este tipo de iniciativas, el país sería probablemente auditado hasta 2022.

Durante su participación, Alfredo Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, aludió a la inconstitucionalidad de esta iniciativa al considerarla violatoria del Art. 129 Constitucional que alude a que en tiempos de paz el ejército no intervendrá en actividades de carácter civil.

Criticó que la iniciativa alegue que la Semar cuenta con una rama civil dado que todos los cargos dentro de la institución son ocupados por militares y recordó que, de 174 países miembros de la OMI, sólo 11 han militarizado algunas actividades relacionadas con puertos y marina mercante y que, de 37 países miembros de la OCDE, sólo Chile lo ha hecho bajo una dictadura.

Catalina Pérez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), remarcó que “la gravedad de lo que están por aprobar y sus serios cuestionamientos de constitucionalidad” ameritan una reflexión más profunda que la iniciativa del Parlamento Abierto, pues los efectos son “graves” al igual que en la Ley de Seguridad Interior y la creación de la Guardia Nacional donde el 80% de sus plazas son ocupadas por la Sedena.

Añadió que la participación corporativa de las fuerzas armadas trae menos transparencia y menos control de civiles, lo que abre la puerta a la corrupción y el uso arbitrario de autoridad. “Esta iniciativa convierte a la Semar en empresario portuario, hace de la institución militar una empresarial con intereses corporativos”, dijo.

Como riesgos, acotó Catalina Pérez, es que las obligaciones en términos de transparencia en cuanto a puertos y marina mercante se verá perjudicada, como ha sido el caso en la contratación y adjudicación de obras como en el aeropuerto de Santa Lucía, construido por la Sedena; aunado a la capacidad de la Semar para ejercer funciones comerciales y el destino de los 70 mil empleados afectados por la iniciativa.

En su oportunidad, César Patricio Reyes Roel, socio consultor presidente de Inteligencia Marítima, indicó que, de ser votada a favor y se compruebe que la iniciativa no es inconstitucional, la Semar finalmente habría logrado su objetivo de recuperar la administración de recursos marítimos y portuarios de la nación y ejercer como corresponde la Autoridad Marítima Nacional, donde busca el mejoramiento del sector y tener la oportunidad de ampliar su área de influencia.

“Puertos y marina mercante es significativo para ellos por mejorar sus finanzas, asegurando el futuro laboral y mayor solidez en el gobierno federal”, indicó, a la par de recordar que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante “perdió la partida” ante el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se desmembró con la salida de Javier Jiménez Espriú como titular de la SCT.

“Siendo objetivo y observando la posición actual del sistema portuario, los civiles no lo hicimos mal, puesto que después de establecer un modelo comercial rentable, autofinanciable, a la Semar le renació la idea de hacerse de esto y ha sido persistente para lograr ser el único protagonista en el gobierno. Con la ruta de esta iniciativa, que seguro será confirmada por la mayoría de Morena, es que haya mayores recursos económicos a través de los negocios, ya que Hacienda recorta sistemáticamente los presupuestos de las Secretarías por austeridad”, argumentó el también ex coordinador general de Puertos y Marina Mercante.

Asimismo, dijo que el argumento de seguridad no es sostenible porque la Semar es la responsable de la seguridad de los puertos desde hace muchos años y “a ver si logran que los puertos dejen de ser rutas para el narcotráfico” y auguró que los resultados con esta medida tendrán que ser medidos en términos del tonelaje de mercancías desplazado por los puertos, montos de inversión en los puertos, capacidades y productividades portuarias y las aportaciones que realizan al erario.

“El proyecto debe ser más claro. La forma en que la que la SCT entregará el paquete accionario de las Administraciones Portuarias Integrales (API) a la Semar y si se propone modificar el orden jurídico de las API para que los usuarios tengan claro cómo jugarán su papel (…) el modelo de API debe continuar por el máximo tiempo posible, las inversiones en terminales son muy elevadas y se recuperan a largo plazo, por eso se otorgan esas concesiones”, pugnó Reyes Roel.

Rogelio Noé Garayzar, representante de Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante y Puertos, que representa a 17 organizaciones dispersas en todo el país referentes a la marina mercante, expuso también su negativa al creer que esta militarización afectará al país porque “se ha cubierto a través de una protección poderosa hacia la seguridad confundiendo términos” como es el caso del safety y security utilizados en la protección portuaria.

Razonó, además, en concordancia con Antonio Rodríguez Fritz, que “de ninguna manera, de la lectura de la Constitución, se desprende algo en lo que la Semar pueda participar en temas mercantiles y civiles, pues desde su conformación violentaría el Art. 129 Constitucional”, lo que plantea entonces la pregunta si es civil o es militar, donde se ha centrado la iniciativa al establecer que la Semar se encargará de los asuntos desde un ámbito civil.

A favor

En este Parlamento Abierto no todas las opiniones fueron en contra, hubo también quien manifestó su beneplácito sobre la iniciativa, empezando por la diputada promovente Juanita Guerra Mena, quien la defendió al asegurar que lo que intenta es erradicar la duplicidad de funciones entre la SCT y la Semar, con la finalidad de que todo lo concentre esta última dependencia que, dijo, también reforzaría las medidas de combate a la inseguridad.

Informó que serán una docena de funciones que se traspasen de la SCT a la Semar y negó que exista inconstitucionalidad en la medida, toda vez que puertos y marina mercante había pertenecido ya a la Semar, hasta antes de 1976; aunque la diputada Martha Tagle alegó que la iniciativa requiere modificaciones pues el 80% de los participantes en este diálogo se opusieron a la propuesta de reforma y, acotó, es un asunto por el gran negocio que hay de por medio, porque ninguna atribución tiene que ver con inseguridad.

A favor también se pronunció Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, consultor independiente en Planeación Estratégica, Evaluación de Proyectos y Negocios en Materia Portuaria, al mencionar que el objetivo de contar con transporte marítimo y sistema portuario eficientes es que México compita a nivel internacional y aproveche las ventajas del comercio exterior para el desarrollo económico, la creación de empleos y el bienestar social, lo cual se ha cumplido.

“(Se dijo que) los modelos que han permitido que hoy se tenga esa eficiencia, iban a ser afectados por la transferencia de facultades. En la iniciativa no aprecio ninguna reforma que modifique el modelo de operación portuaria, ni los mecanismos de manejo del transporte marítimo; tampoco observo cuando vemos a las API que se modifique su régimen jurídico. En la iniciativa se propone el traslado administrativo de la SCT a la Semar para fortalecer la seguridad, de combatir o prevenir casos de terrorismo, narcotráfico, enfrentar piratería en aumento, y se busca que los actores del sector marítimo portuario no acudan a dos dependencias en tramites”, recalcó.

Por el contrario, el también ex coordinador general de Puertos y Marina Mercante anunció que México está frente a una decisión que no va a disminuir la competitividad del país, que no afectará servicios marítimo-portuarios y que puede sí, mejorar con experiencia la seguridad de los puertos, instalaciones, embarcaciones y los mares de la nación.

En su intervención, el Almirante José Luis Arellano, comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Semar, dijo que el tráfico marítimo no puede estar dividido, pues desde 2017 la Semar ejerce la Autoridad Marítima Nacional y tiene a su cargo las Capitanías de Puerto, donde han encontrado diferentes inconsistencias.

“La presente reforma destaca la esencia, por ejemplo, de la política marítima donde hoy no existe, no sabemos a dónde vamos ni que queremos, con una marina mercante también muy devastada, tenemos registros de que hay navieras que han tenido que vender sus buques, como TMM que vendió el año pasado 4 buques. La marina mercante ha sido afectada en 45 años, en puertos hemos desarrollado los puertos, han crecido y requerimos mayor control, recientemente las API federales fueron o están administradas por almirante en retiro”, refirió.

En ese sentido, dijo que la Semar ha encontrado trasiego ilegal de combustible, falta de transparencia en concesión y cesión, adjudicaciones directas, evasiones fiscales, y falta de transparencia, donde se requiere orden.

“Encontramos, de 1,200 señalamientos marítimos, solo 80% funcionando, el resto inútil, cero seguridad marítima. El Pilotaje no se toca, pero en educación náutica es un tema álgido, hoy tenemos que la administra el Fidena, creado en Semar y también se trata de potencializar la educación que no está alineada a convenios internacionales y no tiene un buque escuela desde hace más de una década. En materia de dragado es un tema álgido, es una actividad comercial enorme y no se tiene un plan de mantenimiento de nuestros puertos a través del dragado por costos elevados y Marina tiene infraestructura de dragado, hemos construido dragas nuevas, somos competitivos, podemos bajar los costos”, acotó.

En ese tenor, defendió la iniciativa al señalar que la Semar cuenta con más de 2,000 empleados civiles que tienen su propio sindicato, aunado a que la dependencia cuenta con la voluntad de poner orden y control y tiene capacidad para formar marinos mercantes, promover comercio marítimo y cumplir con lineamientos nacionales e internacionales.

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