Luego de la reciente firma del contrato para construir y operar la Terminal Especializada de Automóviles (TEA) en el puerto de Lázaro Cárdenas por parte de SSA México, la empresa Amports de México exige a la Administración Portuaria Integral (API) certeza jurídica para seguir desarrollando inversiones y operar de forma eficiente en el puerto.

De acuerdo con Ernesto Ibarra, Director General de Amports de México, desde hace tres años la empresa pugna por contratos de prestación de servicios de mediano o largo plazo, toda vez que desde 2013 la API inició con renovaciones de un año, con posibilidades de prórroga de uno más; y, desde el año pasado, los contratos son por seis meses con prórrogas por un lapso similar, lo cual mantiene en incertidumbre tanto a la firma, como a las armadoras que la contratan.

Lo anterior, en palabras del directivo, se dio luego de que los patios que desarrolló Amports con una inversión de cinco millones de dólares en la Isla del Cayacal pasaran a ser públicos una vez concluido el contrato que mantenía con la API; lo que dio lugar a que SSA México comenzara a operar como maniobrista en el mismo espacio en espera de firmar su contrato para construir la TEA, impugnada por Pasha Group desde 2012, cuando se falló la licitación de la terminal.

Sin embargo, una vez firmado el contrato por parte de SSA en días pasados, dichos patios pasarán a formar parte de su TEA, dejando sin espacio a Amports (salvo el que tiene en la Isla de Enmedio), por lo que Amports exige a la API un espacio con las mismas 15 hectáreas que desarrolló en su primer contrato de 2007, donde invertiría otros cinco millones de dólares en la infraestructura y en equipamiento similar que incluiría vías de ferrocarril.

No obstante, en perspectiva de Ernesto Ibarra, la empresa que representa requeriría de un contrato de cinco años, con posibilidades de prórroga de cinco años más para poder amortizar la inversión, lo cual no le concede la API a diferencia de otros maniobristas que operan en el puerto.

Por su parte, Cristina Massa, Consejera del despacho jurídico González Calvillo, expresó que las señales enviadas por la API hacen pensar a Amports que en determinado momento no habrá renovación de su contrato, lo cual se impugnaría en tribunales mediante una estrategia legal que ya se analiza; aunque lamentó que dicha señal repercute no en el negocio de la compañía, que hasta el momento no ha perdido ningún cliente, pero sí en su imagen y en la certeza que pretende transmitir a las armadoras automotrices que la usan, las cuales ya reflejan inquietud.

Nosotros hemos solicitado una extensión del contrato a mediano o largo plazo en algún lugar que Lázaro Cárdenas disponga para una prestación eficiente de nuestros servicios. Amports tiene el proyecto de moverse al área que la API disponga, pero por un periodo de tiempo óptimo de cinco años cuando menos para planear la inversión y el desarrollo de un patio como el que construyó en la Isla del Cayacal, donde lo más importante son las vías de ferrocarril”, explicó Massa Sánchez.

En ese sentido, la abogada resaltó que el puerto tiene espacio para la coexistencia de los prestadores de servicios y cesionarios existentes, así como para posibles participantes que quisieran competir en el futuro en cuanto al tema automotriz se refiere; y destacó que Amports podría hacer uso de la TEA de SSA como estibadora una vez que se concluya, toda vez que la API renueve por un periodo considerable el contrato de la empresa.

Al respecto, Cristina Massa agregó que Amports es respetuosa del contrato de SSA, prueba de ello es que se desistió en 2013 del juicio de nulidad promovido luego del fallo de la licitación en el que resultó descalificada por cuestiones técnicas pese a haber presentado la oferta más alta con 544 millones de pesos (233 millones de pesos más que SSA), pero lo que ahora busca es certidumbre jurídica para la permanencia de Amports en Lázaro Cárdenas mediante contratos extendidos, y certeza para las armadoras en pro de la competitividad del puerto.

El litigio que impidió la construcción de la TEA durante casi cuatro años fue un amparo promovido por Pasha Group, la empresa que quedó en tercer lugar en las ofertas económicas con 275 millones de pesos, y del cual se desistió en diciembre pasado, por lo que la API estuvo en condiciones de firmar la concesión a 30 años de la terminal.

Ahora, en palabras de los entrevistados, Amports se encuentra preocupada por su futuro y permanencia en Lázaro Cárdenas, ya que como referencia cuenta con sus contratos en API Altamira, donde firma por cinco años e incluso acaba de obtener permiso para expandir la infraestructura donde opera.

Twitter: @BetoZanela