Desarticulan banda de lavado de dinero en Terminal de Contenedores Quetzal

En un trabajo coordinado entre autoridades de Guatemala se estableció que en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) operaba una red ilícita de lavado de dinero u otros activos en donde sobresalen los nombres del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti.

En conferencia de prensa la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, el Comisionado Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dieron a conocer sobre allanamientos realizados que dieron como resultados capturas y recopilación de indicios.

TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzaría una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.

La Fiscal General informó que en el contrato firmado entre las partes se detectaron ilícitos, además detalló cómo se gestó esta estructura de impunidad utilizada para el lavado de dinero u otros activos, según un comunicado emitido por el MP.

Derivado de las investigaciones en el caso La Línea en abril de 2015, el MP, la Cicig y el Ministerio de Gobernación, detectaron otra estructura criminal, en la cual también se encuentran involucrados, el ex mandatario de la República de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, así como la ex vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quienes figuran como líderes del grupo criminal.

La investigación determinó que desde enero de 2012 hasta por lo menos abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos conformados y liderados por los ex gobernantes Pérez Molina y Baldetti Elías; también lo integraban Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Ángel Pérez-Maura, Juan José Suárez Messeguer, Mauricio José Garim y Jhonatan Harry Chevez.

Así se conformó la estructura

La Fiscal General dijo que Pérez Molina designó en 2012 como “operador” de Puerto Quetzal y enlace suyo al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, quien le recomendó al entonces presidente la designación como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, cuyo nombramiento se realizó el 24 de enero de 2012.

Estos nombramientos son importantes para dar lugar a la negociación ilícita y si vemos el caso de La Línea, nos damos cuenta que es un patrón similar, igual que el lago del Amatitlán, ya que ubicaban en puestos determinantes para las negociaciones a personas que iban ayudar al usufructo”, resaltó la Fiscal General.

En esa misma línea, y por recomendación de Roxana Baldetti se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de la mencionada empresa. Lozano Bauer integró al equipo al ingeniero William Schwank López, quien fue asesor en materia portuaria, administración pública y análisis de resultados administrativos y operativos, además del manejo de inversión pública mediante un contrato en el renglón 029.

Los tres contactaron a los directivos de la empresa Grup Maritim TCB (ahora propiedad de APM Terminals), y a su concesionaria en Guatemala de la Terminal de Contenedores de Barcelona, por lo que realizaron viajes al exterior para visitar las instalaciones operadas por esa empresa que tiene sedes en Colombia y España. Fue así como contactaron a Juan José Suárez Messeguer, quien tiene la representación del grupo en Guatemala.

La Fiscalía ha establecido que este grupo realizó gestiones con el ciudadano argentino Mauricio José Garín junto a Ángel Pérez-Maura, quienes tuvieron pláticas para la realización del proyecto de ampliación del Puerto durante el gobierno de Álvaro Colom.

Como en el año 2013 el operador Guillermo Lozano Bauer salió del país, Pérez Molina y Baldetti Elías designaron como nuevo negociador a Juan Carlos Monzón Rojas, a quien el presidente de ese entonces lo presentó ante los empresarios Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez como persona de confianza de la señora vicepresidenta.

El comisionado Iván Velásquez explicó cómo se negociaba un contrato para la ampliación de la construcción y por otro lado se negoció la comisión que se pretendió y que se obtuvo en buena parte por toda esta operación en la cual se estableció que Juan Carlos Monzón se reunió con representantes de TCQ.

Juan Carlos Monzón se reunió con los directivos de esa empresa a quienes les manifestó que la comisión debía ser pagada en efectivo y a esto accedieron los directivos”, resaltó Velásquez.

Velásquez subrayó que Monzón le precisó a Juan José Suárez que descontarían medio millón para pagos a favor de un grupo de sindicalistas porque se oponían al proyecto, así como la entrega de dinero a funcionarios que cooperaron con las negociaciones.

Los desembolsos

El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón cuadros con los detalles específicos de los pagos, en los cuales se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera: 24.5 millones de dólares (mdd) para “socio local”, cinco mdd para “argentinos” y 0.5 mdd para gastos.

El comisionado dijo que Monzón Rojas detalló que los primeros cinco mdd serían para el primer equipo gestor del proyecto, cifra inmodificable que serviría para reconocer su gestión.

Un primer desembolso fue por la suma de 10 mdd en el segundo semestre de 2013; el segundo pago fue de dos millones de dólares que se realizó en los primeros meses de 2014; la entrega restante fue de 12 millones 500 mil dólares en dos pagos más entre abril y octubre de 2015.

Velásquez explicó que fueron canceladas las dos primeras entregas, pero el tercer pago que sería dado en abril, cuando Juan Carlos Monzón ya era prófugo, pero las autoridades aún investigan si ese pago se realizó.

La “Comisión” de este proyecto se distribuía en proporción del 60 por ciento para el presidente y la vicepresidenta, un 40 por ciento para Juan Carlos Monzón, Allan Herbert Marroquín, Julio Rolando Sandoval y William Schwank.

El gran soborno

El expresidente Otto Pérez aprovechó su cargo para utilizar un negocio por el cual obtendría un beneficio económico directo en detrimento de los intereses de la Nación”, acotó Velásquez.

Cárcel a Otto

El MP de Guatemala reiteró que cuenta con elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente Otto Pérez Molina, señalado de encabezar la estructura criminal y de corrupción denominada La Línea.

El fiscal a cargo del caso, Francisco Sandoval, dijo que existe evidencia documental necesaria para sustentar el juicio contra el exmandatario.

El MP cuenta con un "colaborador eficaz", un ex miembro prominente de La Línea, cuyo testimonio y pruebas presentadas fundamentan la acusación y responsabilidad de Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, anunciaron el 16 de abril de 2015 la desarticulación del grupo criminal La Línea, dedicado a la defraudación aduanera.

El caso ha llevado a proceso a 60 personas, incluidos Pérez Molina, Baldetti, los extitulares y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y particulares.

Según el MP, se han presentado al juzgado como evidencias 88 mil 920 llamadas telefónicas, cinco mil 906 correos electrónicos, 175 mil pruebas forenses y documentos financieros de unos tres millones de dólares que obtuvieron en ganancias ilícitas.

En el caso, que registra 650 mil folios, se cumplieron 74 allanamientos que resultaron en decenas de capturas de autoridades y particulares por corrupción en la autoridad recaudadora de impuestos.

Pérez Molina renunció el pasado 3 de septiembre a la presidencia y desde entonces guarda prisión provisional, en espera de que el Juzgado Primero de Mayor Riesgo "B" decida si lo somete a juicio oral y público.

La ex vicepresidenta Baldetti, acusada junto con Pérez Molina de encabezar al grupo criminal de la SAT, renunció por el escándalo de corrupción el 8 de mayo del año pasado y fue detenida el 21 de agosto.

Baldetti suma tres procesos por corrupción, el de La Línea, el del supuesto rescate ambiental del Lago de Amatitlán -con una inversión millonaria- y el del caso del usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El caso TCQ se refiere a un contrato -al parecer irregular, a cambio de sobornos-, concedido por Pérez Molina a una empresa española que invirtió 255 millones de dólares en nuevas instalaciones en Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico, el más importante del país.

De acuerdo con el MP y la CICIG, Pérez Molina y Baldetti se beneficiaron con parte de un soborno de 24.5 millones de dólares por autorizar el usufructo a TCQ.

Ambos, junto con nueve detenidos fueron citados por el Juzgado Primero de Mayor Riesgo "B" para la audiencia de primera declaración en el caso TCQ, que se realizará este miércoles en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial.

(Con información de Notimex)

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