Nuevo puerto de altura en Nayarit, inviable jurídicamente en el corto plazo

La ejecución del proyecto presentado por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda denominado “Puerto Nayarit” , que pretende construir un nuevo puerto de altura en dicha entidad, debe cumplir con diversas disposiciones legales aplicadas por las Secretarías (Ministerios) de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Marina-Armada de México (Semar) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que es inviable jurídicamente en el corto plazo, según especialistas.

En primera instancia, si se pretende instalar una terminal de contenedores, que cataloga la Ley de Puertos como terminal de uso público, ésta se debe desarrollar bajo un contrato de Cesión Parcial de Derechos otorgado por una Administración Portuaria Integral (API), o por el Gobierno Federal si es que se realiza fuera de un recinto portuario, toda vez se lleve a cabo un concurso público de licitación, de acuerdo con la presentación realizada por Agnes Celis Roca, titular de Celis Mondragón & Asociados, en el Port Finance International México.

Al respecto, Manuel Vázquez Ballina, socio de M&L Estudio Legal, comentó que no porque se haya conseguido capital chino, como lo anunció recientemente el gobernador nayarita, se puede adjudicar directamente la construcción de las instalaciones, ya que debe llevarse a cabo un proceso de licitación realizado por la SCT, en el que también puedan participar empresas con capital mexicano o de otros países si estuvieran interesados.

“En primer lugar tienen que empezar con la creación de una administración portuaria, con licitaciones públicas porque todo lo que es Ley de Puertos y su Reglamento es a nivel federal y debe estar avalado por la SCT y una vez que se hagan licitaciones se deben tener ciertos requisitos para comenzar” explicó en entrevista con T21.

Asimismo, sentenció que el tiempo que puede tardarse en publicar un concurso de licitación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) puede tomar más de dos meses y “hay que estar pendientes de las licitaciones porque muchas veces pueden ser revocadas por muchos intereses”.

“Una cosa es que salga publicada en el DOF y otra es que muchos de los que están en el negocio portuario estén de acuerdo. Se pueden tirar licitaciones desde su origen porque no están bien diseñadas las bases, pero si por ejemplo, se tiene la licitación publicada y a las personas que participan en puertos no les parecen las bases se pueden amparar, pedir que se suspenda la licitación y se meta a revisión por perjudicar sus intereses, como puede ser el caso de (los participantes) de los puertos del Pacífico”, dijo.

En ese sentido, advirtió que los procesos de licitación se pueden llevar más de seis meses, seis más para comenzar a desarrollar la infraestructura, desde la básica como el dragado, hasta la del mismo puerto después de un año, por lo que “Puerto Nayarit” no es viable en el corto plazo.

Por otra parte, Agnes Celis recordó en su ponencia que “todas las obras marítimas y portuarias están sujetas a la normatividad ambiental, que cada vez es más estricta, a través de Semarnat, que autoriza la construcción mediante una manifestación de impacto ambiental por medio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece que para construir una obra en mares, lagunas y ríos se tiene que elaborar dicha evaluación.

Además, mencionó que en julio próximo entrará en vigor la nueva Ley de Vertimientos que aplicará la Semar “en funciones administrativas, no militares, que recientemente se incorporó a la actividad portuaria y establece permisos ambientales de vertimiento en los que supervisan la forma en la que se construye la infraestructura y están obligando a presentar estudios sobre ciertas cuestiones relacionadas con la marea y la morfología costera”, entre otras.