IP revela complicaciones en el mercado energético; exigen soluciones

El mercado de hidrocarburos en México presenta un panorama distinto tras su paulatina apertura en años recientes y la desmonopolización de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero los nuevos participantes privados que han ingresado a las distintas actividades del sector energético se han encontrado con una serie de obstáculos que complican sus operaciones e incluso el futuro de sus inversiones.

Representantes y líderes de distintos organismos relacionados con el sector se dieron cita en el recién realizado Midstream Forum México 2019, organizado por GrupoT21, donde externaron sus preocupaciones en temas de regulación, vigilancia, seguridad y competencia, en la última mesa del encuentro titulada Desafíos en la comercialización de combustibles.

Roberto Díaz de León, Presidente de Onexpo Nacional, un organismo que aglutina a la mayor parte de los empresarios o asociaciones de gasolineros en el país, contextualizó en su participación que de las 12 mil 250 estaciones de servicio que se encuentran instaladas en el país, un 33% (o cuatro mil 044) de ellas es de una marca diferente a Pemex.

“Hay 65 marcas compitiendo con productos, servicios diferenciales y empoderando al consumidor, (quien) sí tiene la variable de precio en su toma de decisión”, dijo.

Pero el líder de los gasolineros advirtió que es necesario que los consumidores sepan el cómo y el porqué de los precios, ante la exhibición a la que son expuestos cada lunes en la conferencia de prensa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, se encarga de presentar los precios más altos y más bajos de las gasolinas y el diésel que se establecen en las estaciones de servicio en el país.

“Qué buscamos y qué insistimos mucho: reglas claras y piso parejo para todos los participantes en el mercado, es algo que seguiremos promoviendo en Onexpo Nacional”, dijo también en referencia a la competencia desleal que se presenta con la venta de combustibles robados, provenientes del llamado huachicol (extracción ilegal), ya que, precisó, por cada estación de servicio establecida en el país se estima que existen de tres a cuatro puntos de venta ilegal.

MERCADO DE IMPORTACIÓN

Otra de las actividades donde los jugadores de la iniciativa privada han experimentado complicaciones ha sido en la importación de combustibles.

El abogado y Director General de Lexoil Consultores, Marcial Díaz, indicó que a partir del cambio de administración en el gobierno federal se han experimentado con mayor frecuencia rechazos para obtener permisos de importación, a pesar de cumplir con los extensos e incongruentes requisitos que exige la autoridad, en este caso la Secretaría de Energía (Sener).

Díaz precisó que estos rechazos se dan porque no se dio la ubicación física de las instalaciones donde se almacenará el producto o del transportista que lo movilizará por el país; porque no se manifestó el contrato del transportista; porque no se anexó el contrato de laboratorio; porque no se exhibi{o el contrato de suministro o factura, “quién va a comprar algo cuando no tiene el permiso para importarlo”, y la no acreditación de la relación de los clientes, sus permisos y sus puntos en donde se va a entregar.

“Una solicitud puede haberse presentado cuatro veces y ser rechazada, a pesar de que se ha anexado toda la documentación que solicita la autoridad”, dijo, e incluso en un mismo documento la autoridad puede aprobar la importación, pero rechazarla por inconsistencias en sistemas de modelo aplicativo MAT.

“Este es uno de los puntos que está siendo muy vulnerable para todos los comercializadores, porque hay más de 650 permisos de comercialización otorgados y tienen ellos un negocio que depende de un papelito que es el permiso de importación que no cuesta un centavo, pero no lo están otorgando. La mayoría de los permisos que se están venciendo este año no están siendo otorgados nuevamente”, dijo.

Para poder importar combustibles al país los comercializadores necesitan un permiso de comercialización que otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un permiso de importación que otorga Sener y estar inscrito en el padrón sectorial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y VIGILANCIA

Por otra parte, César Silva, Director de Desarrollo de Negocios de Nyce, una unidad de verificación de hidrocarburos recientemente acreditada por la CRE, indicó que en las distintas actividades del sector existe una larga lista de reglas que se han instalado pero que la propia autoridad no ha realizado el debido proceso de vigilancia.

“(Necesarias) para dar al público final un producto de calidad y que cumpla con todos los requisitos de seguridad y que tengan las mismas competencias que se tienen en otros países”, dijo.

Otro asunto que tampoco ha sido lo suficientemente abordado, según Luis Chavarría, Director de Keppler Oil & Gas, es el del mercado ilícito y de evasión, enfocado en meses recientes al tema exclusivo de las tomas clandestinas en los ductos (casi 15 mil al cierre de 2018), pero que no se considera el “huachicoleo” en las otras vías de transporte.

De acuerdo con datos ofrecidos por el especialista, la extracción ilícita de combustibles se da de la siguiente manera: 24% por ductos, 6% en terminales, 21% en refinerías, 41% en la importación marina y 8% en la importación terrestre.

“Y la importación vía terrestre mediante el uso de fracciones arancelarias que no pertenecen al diésel. Es diésel que entra con otras fracciones arancelarias al país y que entra ante la indiferencia, complacencia y complicidad de muchas autoridades”, dijo Sergio Estrada, Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE).

Estrada indicó que en años pasados han denunciado esta situación con diversas dependencias y oficinas federales sin tener alguna respuesta, por lo que pronto realizarán una nueva denuncia ahora ante la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es un problema que implanta una situación de competencia desleal contra quienes sí cumplen con toda la normatividad.

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