AMDA anticipa que trabajarán en minimizar impacto por "autos chocolates"

El pasado sábado el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el cual se busca regularizar vehículos usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como “autos chocolate”, con lo que se busca que no sean utilizados en la comisión de delitos.

Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) había anticipado que la firma de este decreto consiste en legalizar el contrabando automotriz, siendo un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades, además de ser un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del COVID-19 y la crisis de los semiconductores.

En el marco del Foro AMDA 2021, Guillermo Rosales, director general adjunto de la organización, anticipó que este día se tuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien se acordó que se tendrá un trabajo con las dependencias a fin de definir las reglas para materializar la regularización de vehículos usados, con el objetivo de que sean lo menos permisivas, “y en todo caso que se cause el menor perjuicio posible para la industria más importante de México”, acotó.

El decreto firmado el sábado pasado comenzará en los 7 estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.

De acuerdo con AMDA, tan sólo en Baja California, desde esa fecha durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados creció 69.8 y 84.9%, es decir, que se integraron 5, 655 y 6,493 unidades adicionales, respectivamente.

En la perspectiva de AMDA, la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011. 

El efecto que podría tener esta medida sería una baja en el valor de los vehículos de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo nacionales debido a la sobreoferta que se generará, con lo cual se tendrá una afectación en la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.

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