Lo que para las navieras resulta un respiro en un entorno económico complicado a causa del COVID-19, para los proveedores se vuelve un escenario adverso. Los precios de los combustibles marinos o búnker, como también se le conoce, se voltearon al revés desde principios de año.

En medio de la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, la cual ha impactado directamente al transporte marítimo con la reducción de volúmenes, la industria tiene un respiro derivado de otra crisis mundial propiciada por la caída en los precios del petróleo.

Desde el pasado 1 de enero de este año entró en vigor la nueva regulación denominada OMI 2020 que obliga a las navieras a utilizar combustibles más sustentables con un máximo de 0.5% de contenido de azufre, desde un 3.5% permitido en el fueloil hasta el año anterior.

Las principales navieras del mundo como Maersk y Hapag-Lloyd han anunciado nuevos cargos para mitigar los impactos de la nueva regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) que pretende reducir las emisiones contaminantes a partir del 1 de enero de 2020.

Entre 2013 y 2015 las emisiones del sector marítimo fueron distribuidas de la siguiente manera: 23% de las emisiones de CO2 fueron atribuidas a los portacontenedores, 19% a los graneleros, 13% a los petroleros y 45% a otros tipos de navíos.