Se requiere certidumbre para reactivar economía: Caintra

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) dijo que es necesario tener certidumbre para la reactivar economía del país a través del consumo e inversión.

Para ello, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) requieren de reglas claras y sin cambios abruptos que les dé certidumbre para operar, invertir y generar empleos.

Rodrigo Fernández Martínez, presidente entrante del organismo, afirmó que esta condición da certeza a las empresas, de todo tamaño, para que amplíen la contribución al desarrollo social que el país.

Sin embargo, afirmó que miles de Pymes observan con preocupación los inminentes impactos en temas críticos en su estructura de costos como lo son energéticos y laborales.

“Por ello lamentamos profundamente el sentido en que fue aprobada la reforma a ley de la industria eléctrica, la cual, al no dar prioridad a las fuentes más económicas, lejos de solucionar, empeorará la competitividad de las empresas y complicará el avance económico y desarrollo social del país”, dijo.

Precisó que actualmente las Pymes consumen casi 40% del total de la energía eléctrica nacional, además de que existen diferenciales del 80% de la tarifa que hoy se aplica a una firma mexicana contra una en Estados Unidos, o incluso de más de 130% comparada con similares en Texas.

Además, entre otros, pretende hacer cambios retroactivos a las inversiones ya realizadas, por lo que los sectores productivos no tienen más alternativa que acudir al Poder Judicial para defender sus derechos.  

“Exhortamos al Poder Judicial a que evalúe estas consideraciones con estricto apego a derecho y con la autonomía e independencia que el orden jurídico del país les reconoce. México seguirá creciendo, tanto en población como en calidad de vida; por ello, en los próximos años necesitaremos de mayores fuentes de energía eficientes, de poco impacto ambiental y bajo costo como el gas natural o la generación de electricidad con fuentes renovables”, dijo.

En el ámbito laboral, expuso que las Pymes generan casi 7 de cada 10 empleos, siendo el motor económico y parte esencial del tejido social del país, por lo que darán seguimiento cercano a la iniciativa sobre la eliminación de la subcontratación.

“Coincidimos en proteger los derechos de los trabajadores y castigar el outsourcing ilegal y abusivo, hoy las autoridades tienen las facultades legales y las capacidades técnicas para combatirlo. Sin embargo, debemos evaluar, si en respuesta a los excesos o ilegalidades de algunos cuantos, la mejor ruta es imponer a las empresas una carga burocrática adicional y medidas de control para sus proveedores que le corresponden a la autoridad; que las coloca en riesgo de perder competitividad y de enfrentar sanciones excesivas”, expuso.

Por lo que, de igual manera hizo un llamado respetuoso y firme al Ejecutivo y legisladores a evaluar los efectos de la iniciativa en la generación de empleos e inversión, así como a definir los alcances de los servicios especializados, ya que con el nivel de las penas contempladas se genera un campo propicio para la subjetividad y un riesgo de corrupción en las auditorías.

Así también, comentó que la complejidad tributaria es uno de los “dolores” del sector, ya que existe una tortuosa cantidad y frecuencia de declaraciones, cálculos y pagos fiscales. Para las pequeñas empresas implica dedicar una gran cantidad de recursos internos a solucionar todos estos requisitos de las autoridades. Para ellas, ser formal cuesta.

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