Con 16 votos a favor y nueve en contra, la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución Política, promovida por el Ejecutivo federal, en materia de transporte ferroviario de pasajeros.
El documento sostiene que se demostró con evidencia que la privatización de los ferrocarriles de 1995 no mejoró la infraestructura ni el servicio, por el contrario, generó deficiencias y falta de competencia efectiva.
“Por lo que se considera pertinente priorizar el transporte de pasajeros sin discriminar al de carga, diversificar y fortalecer la movilidad en regiones con pocas alternativas de transporte. Asimismo, atender las preocupaciones expresadas en el Parlamento Abierto en el sentido de elaborar estudios detallados caso por caso, para garantizar la viabilidad y seguridad del servicio de pasajeros en las rutas ferroviarias específicas”, afirmó.
Al explicar los beneficios de la iniciativa, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), presidente de la Comisión, dijo que se garantizará el derecho a la movilidad a través del servicio ferroviario con un menor impacto ambiental que el transporte aéreo o carretero, así como el impulso de la actividad económica, la conectividad y la reducción de los tiempos de trayecto.
“Ayudará a descongestionar carreteras y vías internas, incentivará la creación de infraestructura que reactive la economía en zonas geográficas”, afirmó.
El diputado Carlos Madrazo Limón afirmó que en los últimos años se han invertido 280 mil millones de pesos para adecuar y fortalecer al transporte ferroviario, pero esto no lo ha hecho el gobierno, por lo que actualmente el 26% de la carga nacional se realiza por vía férrea y da empleo a 15 mil trabajadores de forma directa.
“La iniciativa del Ejecutivo tiene muchos problemas. El querer dar preferencia al transporte de pasajeros en la Constitución va en contrasentido de lo que viene sucediendo, porque en ningún país del mundo es negocio, excepto donde hay un gran movimiento de personas”, aseguró.
Por su parte, Miguel Ángel Piña Aguilar (PT) se dijo a favor de la opinión, debido a que la reforma pretende mejorar la calidad de vida de miles de mexicanas y mexicanos, así como recuperar los 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas. “Con esta modificación el Estado mexicano retoma el derecho de emplear las vías férreas de la nación y otorgar concesiones o asignaciones para el transporte público de pasajeros”, dijo.
El diputado panista Exequiel Suárez Heredia Cristian mostró su desacuerdo al señalar que el proyecto viola el Estado de derecho y representa incertidumbre jurídica para los concesionarios, toda vez que éstos realizaron inversiones para la construcción, operación y explotación de las vías ferroviarias.
“¿Cómo garantizará el Estado la certeza de tiempo que le queda a la concesión si ya quedó establecido que se priorizará al de pasajeros? Es una reforma constitucional innecesaria, imprecisa y que provoca lagunas jurídicas”, sostuvo.
Mientras que su similar del PAN, Gustavo Macías Zambrano puntualizó que se incurre en ilegalidades, pues el sistema de trenes de pasajeros es una buena medida que puede implementarse sin necesidad de que se modifique la Constitución, como se hizo con el Tren Maya.
“Debemos observar algunas de las inconsistencias legales en las que se incurren. El hecho de disponer de las vías se atentaría a la figura de concesión que se establece en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario”, comentó.
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) propuso hacer visitas a los sitios donde este tipo de estrategia de transporte ha dado buenos resultados, ya que el tema de la movilidad humana y del comercio deben ir de la mano y ser asuntos de carácter estratégico donde el Estado tengan el papel preponderante.
“Debemos revisar cómo empresarios mexicanos arroparon la construcción del Tren Maya. Muchos de estos diseños fueron hechos por empresas mexicanas”, estimó.
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