Aprueba Senado disminución a 35 años las concesiones ferroviarias

El Senado aprobó diversas reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, entre las que se encuentra la disminución de 50 a 35 años de las concesiones ferroviarias.

Con 90 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones se ratificaron los artículos reservados en los términos del dictamen y se remitió a la Cámara de Diputados.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noe Castañón Ramírez, quien votó a favor de la iniciativa, mencionó que están en contra de los monopolios y de las concesiones autoritarias que fueron otorgadas hasta por 50 años en 1995.

“Se tomaron en consideración nuestras observaciones, subsanándolas y agregándolas al dictamen, estableciendo multas proporcionales a lo ordenado por la Constitución, así como el registro de las tarifas máximas ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a cada 2 años, sobre todo hay que destacar la reducción del plazo sobre las concesiones a un máximo de 35 años renovables respetando los derechos de los concesionarios”, dijo.

Mientras que, el perredista Miguel Ángel Mancera, comentó que se corrigieron temas, se evitaron multas que rebasaron temas constitucionales o de revisiones que “arriesgaban la revisión de las tarifas para el sector. Las  adecuaciones a la adenda permiten que se pueda manejar todos y cada uno de los temas”.

Por su parte, la senadora Xóchilt Gálvez mencionó que en el Senado se discuten temas técnicos al vapor, ya que dicha minuta les fue entregada el pasado viernes con una propuesta de reducir las concesiones a 25 años, para el sábado recibieron un nuevo documento que las dejaba en 50 años, mientras que el domingo la propuesta cambió a 35 años.

“Estamos a favor de que se estudie y revise de manera técnica y eficaz. Si bien es cierto que se corrige una arbitrariedad, se modifica, se dejan 35 años de concesión. Las tarifas van hacer un problema que se revisen cada 2 años porque habrá un incremento importante y eso va afectar a quienes compran un producto”, dijo.  

El dictamen señala que los concesionarios y permisionarios estarán impedidos a negar el servicio público de transporte ferroviario de carga a cualquier usuario que se los solicite y no deberán realizar actos que resulten discriminatorios en contra de algún usuario o concesionario. También que cuando se preste dicho servicio sin la concesión respectiva, se multe con el equivalente del 5% y hasta el 10% de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.

 Además, si la asistencia ferroviaria se realiza con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, se aplique una multa por el equivalente del 5% al 10% de sus ingresos.

El dictamen formula sanciones para garantizar el cumplimiento y la eficiencia del servicio ferroviario en México; así como el fortalecimiento del marco normativo sobre visitas de verificación.

En septiembre pasado, el morenista Ricardo Monreal propuso 11 reformas para dicha legislación, entre ellas, las antes descritas, así como crear instrumentos de información y análisis, que garantice la eficiencia de la red, contar con un procedimiento para resolver desacuerdos de interconexión, por mencionar algunas.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) lamentó que se haya aprobado dichas reformas, ya que no tuvieron oportunidad de presentar información objetiva y de argumentar de manera suficiente sobre estas modificaciones a la Ley, las cuales, consideró violenta diversos principios consagrados en la Constitución y trasgrede diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Detalló que entre las disposiciones más graves contenidas son la modificación de las concesiones ya que contraviene al Artículo 14 de la Constitución con efectos expropiatorios, esto daña la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, con un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y con ello la económica del país.

Sobre el control de precios, dijo cancela arbitrariamente la libertad para fijar tarifas, limitando a cada dos años y previa “opinión de conveniencia” que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitiera discrecional.

Respecto a las multas, calificó esta modificación como excesivas, discrecionales y desproporcionadas, mientras que dijo la ARTF se convierte en juez y parte invadiendo el ámbito de atribuciones de otras autoridades en materia de competencia, en tanto al tema de regulación considera que discrimina al sector respecto a otros modos de transporte al imponerle regulaciones y cargas administrativas por parte de la agencia.

Comenta y síguenos en Twitter: @evandeltoro / @GrupoT21