Estas son las implicaciones legales ante el bloqueo o daños a las vías férreas

Ante un incumplimiento de las obligaciones del Estado y por no tomar medidas necesarias para la prestación ininterrumpida del trasporte ferroviario, los concesionarios e incluso clientes pueden solicitar una compensación por las pérdidas económicas que les cause como consecuencia el no poder seguir con sus operaciones por eventos ocasionados por terceros.

Vicente Corta, abogado y socio de White&Case, explicó que las empresas pueden hacer valer su derecho al resarcimiento mediante un procedimiento de reequilibrio económico de la concesión, para lo cual se requiere del consentimiento del gobierno como ente concedente.

“Si se cuenta con una concesión y el Estado incumplió parte de la obligación que tenía bajo ese contrato, se puede pedir, como parte del mismo, que se modifique o se reequilibre las obligaciones y derechos bajo la concesión, para que se resarza por el daño que se generó”, precisó.

Como ente concedente de las concesiones ferroviarias, tiene la obligación de garantizar las condiciones que permitan la prestación continua e interrumpida del servicio público tanto de los concesionarios como los usuarios del mismo.

“Esa ley la obliga a actuar en estas situaciones, y cuando es omiso incurre en varias responsabilidades. Cuando es omiso afecta el corazón mismo, la esencial de la concesión ferroviaria y hace que los derechos de los concesionarios, pero mucho más importante, el de los usuarios se vea afectado por esta misma situación”, comentó.

Dijo que por incumplir con sus obligaciones y al abstenerse de tomar medidas necesarias que garanticen el servicio continuo del transporte ferroviario, el Estado se vuelve responsable frente a los concesionarios y de los usuarios, del daño económico que se les cause.

“Hay una responsabilidad del Estado y podría haber elementos para exigir que el gobierno compense tanto al concesionario como a los usuarios por los daños que se genere por esta omisión”, dijo.

Vicente Corta expuso que ante la falta de colaboración se puede solicitar ante los tribunales competentes el resarcimiento del daño.

Aunque también comentó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) existe el anexo 14- E para la resolución de Controversias de Inversión, en donde participan los 2 primeros relacionadas con contratos cubiertos y en el que participa el gobierno y las concesiones en materia de transportes está cubierta.

“Hay una posibilidad de que un inversionista demande bajo el T-MEC el hecho de que el gobierno no cumplió con sus obligaciones”, expuso.

Vicente Corta dijo que los manifestantes o las personas que bloqueen se exponen a una responsabilidad personal, en tanto, el Estado, al no actuar y permitir que se afecten las vías de comunicación, se expone a ciertas contingencias de carácter legal.
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Precisó que en el caso de los manifestantes, existen implicaciones tanto penales como civiles cuando dañen, perjudiquen o destruyan las vías de comunicación, en donde serán castigados con 3 meses a 7 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

Así como, se impondrá una pena de 2 a 20 años de prisión de 1,000 a 50,000 pesos al que destruya, dañe, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, con el fin de trastornar la economía del país.

“La presentación de denuncias penales se da cuando alguien daña o destruye vías generales de comunicación es algo relativamente común. Rara vez son perseguidas y rara vez tiene efectos y eso genera un incentivo para que esas conductas tan prohibidas en la ley se sigan cometiendo, a pesar de que se presentan las denuncias”, dijo.

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