Recientemente han ocurrido algunos eventos que -en opinión de varios actores- ponen en tela de juicio la seguridad de las operaciones aéreas en nuestro país.

Al accidente de Global Air (o cualquiera de sus alias), se aúna el recuento que hiciera el Colegio de Pilotos sobre los accidentes e incidentes en la aviación general y, como corolario, está el llamado “milagro de Durango” donde, a fuerza de la investigación que apenas empieza, no hay muchas conclusiones que sacar todavía pero forma parte del mismo sistema.

Hace unos días la empresa Global Air lanzó un comunicado acerca del lamentable accidente ocurrido en La Habana en mayo pasado, cuando un avión rentado por esa empresa a Cubana de Aviación cayó poco después del despegue, causando la muerte a 112 personas.

El pasado jueves, el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer de circuito, integrado por María Elena Leguízamo, Roberto Lara y Tereso Ramos, decidió negar a Gastón Azcárraga el amparo solicitado ante las órdenes de aprehensión por los delitos contra la Ley del Mercado de Valores, demanda que fue interpuesta por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

En la sucesión adelantada que estamos viviendo, se asoman algunos temas que requieren análisis puntuales para la toma de decisiones inmediatas y otros que son de más largo plazo y que tienen que ver con temas de política de Estado. Entre las primeras, además de la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto, una de las que más ha llamado la atención es la intención de vender el avión presidencial Boeing 787.

Ya en la recta final de esta administración, es seguro que las autoridades del sector aéreo empezarán a cerrar capítulos pendientes. Uno de los más importantes es la creación de las Agencias de Transporte Aéreo y de Investigación de Accidentes, las cuales fueron prometidas desde el inicio del actual sexenio.

Lo que parecía una pesadilla cinematográfica que nunca se haría realidad, parece estar llegando a todas partes sin que las diversas industrias se hayan preparado adecuadamente para este escenario.

El neo-proteccionismo ha empezado a dejar sentir sus consecuencias en el comercio y la inversión extranjera, que muchos países requieren para avanzar en su desarrollo; y rubros como la aviación y la industria aeronáutica no son la excepción.

Como sucede en cada reunión de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en su reciente asamblea se abordó el tema de la seguridad y los avances que en ese terreno han tenido las aerolíneas comerciales, y la propia aviación general, en las diversas regiones y países.

La eterna tensión entre seguridad y facilitación en los aeropuertos se ha convertido en uno de los elementos más críticos frente a la demanda creciente de pasajeros en los aeropuertos del mundo. En particular, claro, de los más grandes hubs tipo Atlanta, Heathrow, Schipool y CDG.

En la 74 Asamblea General de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, celebrada en Sydney, Australia, los directivos de esta organización plantearon uno de los problemas que le están complicando la vida a las aerolíneas comerciales: los costos de los aeropuertos, muchos de los cuales fueron privatizados en los años recientes y cuyas tarifas amenazan la viabilidad de los servicios aéreos, o al menos los encarecen gravemente.

El accidente de Cubana de Aviación, cuyo vuelo 972 se desplomó al iniciar el despegue del aeropuerto de La Habana el pasado 18 de mayo, tiene muchas más aristas de las que, en principio, se vislumbran y es una muestra clara de la situación real de la aviación en América Latina, tan adelantada en unas cosas y tan atrasada en otras.