Una de las demandas más sentidas por el sector de transporte aéreo en nuestro país desde hace más de 30 años, fue la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo que al final se concretó a inicios de este sexenio y que constituye uno de los pasos más significativos hacia la institucionalización de la aviación civil.

A tono con los tiempos que corren, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que agrupa a casi 300 aerolíneas del mundo, inició de manera virtual su 76 Asamblea General Anual que, en principio, estaba programada para junio en Amsterdam, donde también se celebraría el centenario de KLM y que fue pospuesta en espera de un mejor momento presencial, el cual no pudo darse.

El rebrote del COVID-19 en la temporada otoño-invierno puede ser la puntilla que termine de herir o la palanca que lance hacia adelante a la industria aérea. Todo depende de cómo asuma la industria el gran reto que tiene delante, de la capacidad de los gobiernos para entender cuál es la aportación del transporte aéreo en las economías del mundo y el papel de los Estados en la reactivación del sector.

La auditoría que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) realiza cada 10 años a nuestro país siempre ha sido polémica. ¿Por qué -se preguntan algunos- tenemos que permitir que otro país audite a nuestra aviación? ¿Y la soberanía?

Hay industrias que, además de estar pasando un mal momento debido a la pandemia, están en un punto crítico por cambios estructurales en su devenir. Medios de comunicación y entretenimiento son ejemplos de ello, la industria aeronáutica es otro y sin duda que es un gran reto para las empresas del sector empezar a vislumbrar el futuro en medio de esta crisis.

Hace 10 años, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) decidió incluir a México en la llamada categoría 2, un catálogo donde las autoridades de aviación de ese país incluyen a las naciones cuyas regulaciones no son lo suficientemente fuertes para garantizar una operación aérea segura, dentro del Programa de Evaluación de Seguridad en la Aviación Internacional (IASA por sus siglas en inglés), lo cual se determina mediante auditorías periódicas.

El fantasma del COVID-19 recorre el mundo. Y lo hace de la mano del transporte aéreo. De acuerdo con un estudio de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), 3 de cada 4 viajeros (o el 76% de los pasajeros encuestados por las aerolíneas) no viajarán hasta que la pandemia haya sido controlada.

Hay noticias buenas, malas y peores. Las buenas son que, en general, el tráfico aéreo en nuestro país está recuperándose, aunque muy poco a poco (depende de la aerolínea) y que, si se sostiene este paso, es probable que en dos años se tenga un nivel más o menos parecido al de hace un año.

La mala es que no es probable que esto ocurra. Por dos factores: uno, porque algunas líneas aéreas están sufriendo descalabros que pueden sacarlas del mercado definitivamente, si no existe un apoyo decidido del Gobierno federal, cosa que se ve muy difícil.

Si las cosas van mal, aún pueden salir peor. Este es el resumen de la última conferencia de Alexandre de Juniac, director de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), una vez que el verano 2020 ha dejado el peor saldo de su historia, los rebrotes de COVID-19 están a la orden del día y la temporada invernal, baja por naturaleza y sujeta a la influenza, pueden complicarlo todo.

Una de las premisas con las que nació la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) fue regular el transporte aéreo y, con base en convenios bilaterales de aviación, negociar las libertades del aire en un marco de real y efectiva reciprocidad. La idea era fomentar el crecimiento del transporte aéreo de una forma equilibrada que, después de la Segunda Guerra Mundial, se hallaba en parte devastado.