Una antigua demanda del sector transporte aéreo ha sido que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se transforme en Agencia independiente, con presupuesto propio y servicio civil de carrera, así como facultades que le permitan normar y supervisar la buena marcha del sector aéreo, tanto comercial como general, para velar por la seguridad y la eficiencia de esta industria.

Apenas iniciando el año y la actual administración, hay algunos pendientes en la agenda del sector transporte aéreo que tienen que ser atendidos con urgencia.

En la reciente reunión mundial de medios de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), su Director General, Alexandre de Juniac, mostró las perspectivas optimistas para la aviación global en 2019, pues se estima que el sector generará ganancias por 35 mil 500 millones de dólares, pese a que el crecimiento de las operaciones y el número de pasajeros transportados tendrá una leve caída (del 6.5% en 2018 al 6% en 2019).

Aún no sabemos con certeza qué es lo que ocurrirá finalmente en materia energética en el país, aunque el pasado fin de semana se anunció la construcción de una nueva refinería y la rehabilitación de las otras seis.

Se ha hablado de ser autosuficientes en materia de producción de gasolina, pero la turbosina -el combustible que utilizan los aviones-, no se ha mencionado aún, ni se sabe si su distribución por parte de jugadores privados seguirá adelante o habrá marcha atrás en la resolución de abrir la competencia en este sector.

Desde hace más o menos tres décadas los trabajadores de la aviación y los muy entusiastas seguidores del tema (me incluyo) hemos solicitado en todos los tonos y a todas las autoridades del subsector transporte aéreo, que se haga un ejercicio democrático para crear un grupo de trabajo con empresas, autoridades y trabajadores para acordar una política de Estado, de largo plazo y consensuada, que permita a nuestra aviación mexicana volver a ocupar el liderazgo que tuvo.

El 23 de noviembre de 2007, a través de un decreto federal, nació la Universidad Aeronáutica de Querétaro, el primer centro de educación superior dedicado exclusivamente a la industria aeronáutica y aeroespacial en México.

En principio parecía una apuesta demasiado alta, pero con el tiempo se ha visto que fue la mejor idea para apuntalar a un sector que ha ido creciendo y fortaleciéndose en nuestro país como una industria punta, de alta tecnología y con un promisorio futuro.

Aún no inicia la “cuarta transformación” y ya veremos con el tiempo qué nos depara este concepto en materia de transporte aéreo, pero el Senado de la República, el de mayoría de Morena, acaba de aprobar nuevos convenios bilaterales de aviación que muestran a las claras que no tienen la menor idea de lo que están haciendo.

Después del anuncio de la cancelación del proyecto Texcoco y el inicio del de Santa Lucía, poco es lo se ha añadido desde el punto de vista técnico.

Aunque la vertiente política del tema es de suma importancia, la factibilidad técnica es primordial pues de ella depende la viabilidad física, financiera y social de la propuesta.

Todavía no se reponen de la noticia de la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, pero los diversos actores de la industria de transportación aérea y de aeronáutica-aeroespacial tienen que continuar trabajando con el ritmo que la institucionalidad les marque, a pesar de la incertidumbre.

Finalmente se decantó la intención del próximo gobierno federal para cancelar el proyecto aeroportuario de Texcoco. Como hemos dicho aquí, todo gobierno tiene la prerrogativa de consultar a quien desee –tanto si quiere una opinión obsecuente como escuchar aquello que no le guste-, pero la decisión que en este caso se tome será única y exclusivamente responsabilidad de quien ostente el poder ejecutivo. Nada más y nada menos.