La aviación mexicana necesita una política de Estado desde hace muchas décadas. La discusión sobre un nuevo aeropuerto, la incertidumbre que se percibe en muchas aerolíneas y el fantasma de una nueva crisis, hacen indispensable que quienes llevarán las riendas del sector hagan un ejercicio de planeación y de conciliación de visiones e intereses para conformar una política pública y que esto se vea reflejado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que por ley cada gobierno debe publicar en los primeros meses de su administración.

En las últimas semanas fuimos testigos de cómo la presión mediática está modificando radicalmente la forma de llevar a cabo una investigación de accidentes aéreos apegada a los cánones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El día de mañana, si no se vuelve a posponer, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT informará de los avances en la investigación del accidente del 31 de julio en el aeropuerto de Durango, en el vuelo 2431 de Aeroméxico Connect.

Se dice fácil: ocho años de espera. Han sido días, semanas, meses en los cuales cada señal parecía mostrar una salida, aunque fuera la peor, la declaración de quiebra que al final de cuentas era una especie de liberación porque eso desataría lo que impide liquidar el patrimonio.

Después de más de 40 años parece que volvemos al principio. La construcción de un nuevo aeropuerto para el valle de México ha sido la piedra con la que cada administración se ha topado a lo largo de las décadas y, como en el mito de Sísifo, cuando parece que estamos a punto de llegar a la cima, la tal piedra vuelve a rodar hasta el fondo.

Es obvio que determinar el sitio idóneo para un aeropuerto es difícil: implica estudios, mediciones, búsqueda de recursos, jaloneos, grillas, intereses encontrados y presiones sociales.

En las más recientes estimaciones de las principales armadoras de aviones del mundo, Boeing y Airbus, queda claro que en los siguientes 20 años se agudizará la crisis de las aerolíneas por la escasez de pilotos, pues se requerirán alrededor de 800 mil profesionales de esta especialidad.

Recientemente han ocurrido algunos eventos que -en opinión de varios actores- ponen en tela de juicio la seguridad de las operaciones aéreas en nuestro país.

Al accidente de Global Air (o cualquiera de sus alias), se aúna el recuento que hiciera el Colegio de Pilotos sobre los accidentes e incidentes en la aviación general y, como corolario, está el llamado “milagro de Durango” donde, a fuerza de la investigación que apenas empieza, no hay muchas conclusiones que sacar todavía pero forma parte del mismo sistema.

Hace unos días la empresa Global Air lanzó un comunicado acerca del lamentable accidente ocurrido en La Habana en mayo pasado, cuando un avión rentado por esa empresa a Cubana de Aviación cayó poco después del despegue, causando la muerte a 112 personas.

El pasado jueves, el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer de circuito, integrado por María Elena Leguízamo, Roberto Lara y Tereso Ramos, decidió negar a Gastón Azcárraga el amparo solicitado ante las órdenes de aprehensión por los delitos contra la Ley del Mercado de Valores, demanda que fue interpuesta por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

En la sucesión adelantada que estamos viviendo, se asoman algunos temas que requieren análisis puntuales para la toma de decisiones inmediatas y otros que son de más largo plazo y que tienen que ver con temas de política de Estado. Entre las primeras, además de la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto, una de las que más ha llamado la atención es la intención de vender el avión presidencial Boeing 787.